La colocación de nuevas acciones por parte de San Miguel, la principal productora de limones en la Argentina y el mundo, mantiene la atención de los inversores del mercado local. No sólo porque una ampliación accionaria no se da todos los días en la Bolsa porteña, sino además porque hay un condimento particular: el Gobierno a través de la ANSES es uno de los principales accionistas de la compañía, con el 27 por ciento.
Como la empresa, que viene pisando fuerte en el mercado y con un alto ritmo de expansión de sus negocios, busca USD 50 millones, la cuenta es sencilla. Para mantener su participación, el Gobierno tendría que invertir en la compañía alrededor de USD 13,5 millones, el equivalente a unos 210 millones de pesos. En cambio, si decide mantenerse al margen de la operación y deja que suscriban otros, esa participación que hoy es del 27% caería bien por debajo del 20%, perdiendo peso en la compañía. "Todavía estamos evaluando qué haremos con esta oferta, no hay aún decisión tomada", le aclararon a Infobae desde ANSES. La oferta se lanzó a mediados de febrero pero vence mañana. Se trata de una decisión política: utilizar esos fondos para no perder presencia accionaria en una empresa o bien para destinarlos al objetivo principal del organismo que es el pago de jubilaciones.
Entre los inversores ven a esta transacción como un caso testigo para determinar hasta qué punto el Estado puede llegar a reducir su presencia en empresas cotizantes, muchas de ellas las más importantes de la Argentina por su envergadura y facturación. El mecanismo sería, obviamente, a través de una ampliación accionaria en la que no participaría el Estado.
Si el Gobierno decide no participar en esta oferta, aceptando que se diluya su presencia en la compañía, podría ser la fórmula para que muchas otras cotizantes terminen reduciendo la presencia estatal en sus paquetes accionarios y sus directorios.
La ANSES heredó esta participación en empresas cuando el gobierno de Cristina Kirchner decidió estatizar los fondos de pensión (AFJP). Al traspasarse todos los activos que poseían al organismo previsional también se trasladaron las acciones.
En 2015 se votó una ley que obligaba a que cualquier cambio en la participación accionaria en estas compañías tuviera que ser informado al Congreso. Tanto Cristina como el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, consideraban "estratégica" esa presencia en las compañías cotizantes.
Pero el año pasado el gobierno de Cambiemos introdujo un cambio al aprobarse la ley de reparación histórica a jubilados. Allí se eliminó esa cláusula, habilitando al Estado a vender esos paquetes.
El viernes último la ANSES informó la venta de las acciones que poseía en la química Indupa, por las que obtuvo USD 15,4 millones, representantivo del 16,71% del capital accionario en la compañía. Según un comunicado de prensa del organismo, "el precio ofrecido de $3,47 estaba muy por encima del precio al que Unipar adquirió el paquete accionario de control ($0,87 por acción, sujeto a ajustes habituales). Las valuaciones internas también arrojaron una valoración real por debajo del precio ofrecido por Unipar Carbocloro". La transacción se dio en el marco de una Oferta Pública de Adquisición, por la cual la compañía brasileña está retirando de la cotización a Indupa. Por lo tanto, la ANSES se hubiera quedado con un papel completamente ilíquido y por ende difícil de vender si no ingresaba en la operación.
Una especulación que circulaba en las últimas horas es que la ANSES podría aplicar los dólares que recibió por la venta de Solvay Indupa para mantener la presencia accionaria en San Miguel, teniendo en cuenta el potencial de crecimiento de la compañía, que tiene presencia en Argentina, Uruguay y Sudáfrica. La acción que cotiza como "SAMI" subió 137% el año pasado y ya está dentro del panel líder del Merval. Es decir que mantener la presencia en la empresa tiene sentido. Resta saber cuál será la decisión política que tomará el Gobierno.
En el mismo comunicado de prensa, ANSES aclara que la exposición a acciones alcanza a 15,8% a febrero 2017, contra los 12,8% que alcanzaba a diciembre 2015. Pero este incremento es fruto del aumento en el precio de las acciones en relación con otros activos del FGS y no de una mayor presencia accionaria en las mismas. De hecho, la operación más grande que se concretó el año pasado fue la venta por parte del Estado de las acciones que mantenía en Petrobrás Argentina ante una oferta de adquisición realizada por Pampa Energía, que controla Marcelo Mindlin. En aquel momento el organismo vendió el 12% que tenía en la petrolera por USD 156 millones, también en el marco de una Oferta Pública de Adquisición.
En cambio, ante una oferta del grupo Fintech para recuperar las acciones de Telecom, la ANSES se negó a vender el 25% que posee en la compañía en noviembre del año pasado.
El organismo posee presencia accionaria relevante –entre 15% y 30% del paquete según el caso– en empresas de lo más diversas, que van desde Consultatio (de Eduardo Costantini), los bancos Galicia, Macro y Francés, Irsa, Cresud y Siderar (grupo Techint), por sólo mencionar algunas. Además, aún conserva el 9% del Grupo Clarín.