Cambio climático: un fenómeno mundial que profundiza y aumenta los niveles de desigualdad social

En los estudios sobre vulnerabilidad al cambio climático, como los realizados por el Tyndall Center for Climate Change Research, se ha detectado que los países más afectados por el calentamiento global y en los que sus consecuencias se dejarán notar con mayor intensidad (desertización, incendios forestales, sequías, inundaciones y otros fenómenos climatológicos extremos) serían los países en desarrollo. El concepto de “justicia climática” surge en el momento en que se observa que el cambio climático tiene y tendrá una incidencia ambiental y social que no afectará a todo el mundo por igual. Ya no hay discusiones válidas: el cambio climático es una realidad que acontece. Y no una realidad del futuro, sino un problema actual y global donde el ser humano tiene mucho que decir.

Argentina asumió, en el último tiempo, compromisos ante la comunidad internacional que se han ratificado con la firma del Acuerdo de París mediante la Ley 27270. Dichos compromisos reflejan un hito que ha entrado en vigencia en noviembre de 2016 y representan un aporte significativo en la agenda de cambio climático.

En ese contexto, el Grupo de Expertos del Centro de Desarrollo y Asistencia Tecnológica (CEDyAT) desarrolla Estudios de Impacto Ambiental para obras de infraestructura de vital importancia nacional, como la gestión inteligente de los recursos hídricos, a través de la instalación de estaciones hidrometeorológicas para el alerta temprana en la ciudad de La Plata, así como también el cuidado de los humedales, como el caso del “Plan Productivo del Delta Entrerriano” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS, LOS MÁS AFECTADOS

La naturaleza y la magnitud de los cambios simultáneos que están ocurriendo no tienen precedentes en la historia humana, y probablemente en la historia del planeta. De allí que la deuda climática que soportan los países del llamado Sur Global, sea tremendamente injusta, puesto que son los que menos han contribuido a esta emergencia.

Un ejemplo de esto es que, en los países de renta alta, solo vive una sexta parte de la población mundial. Sin embargo, el Banco Mundial calcula que emiten 44 veces más CO2 que aquellos países de rentas más bajas. Otro caso: un agricultor del tercer mundo necesitaría, de media, 59 años para contaminar lo mismo que una persona en España, según Oxfam Intermón.

Por otro lado, existen unos efectos sociales del cambio climático, como los problemas de salud (por ejemplo, enfermedades asociadas a las altas temperaturas o las dificultades respiratorias agravadas por los problemas de contaminación del aire), el incremento de cargas financieras (debido a los mayores costes de la energía) u otros cambios culturales y sociales. Estas consecuencias afectarían especialmente a determinadas comunidades humanas, como las poblaciones minoritarias o indígenas, o, en general, a las personas con menos recursos económicos. De este modo, el calentamiento global se convierte también en una cuestión de derechos humanos y justicia.

El ROL DE LOS ESTADOS MÁS RICOS Y SU ACCIÓN PARA DETENER EL CAMBIO CLIMÁTICO La “justicia climática” no busca más que el trato equitativo de todas las personas y los países, así como evitar las discriminaciones que pueden conllevar determinados proyectos y decisiones que pretenden precisamente tratar el problema del cambio climático. Es un abordaje especialmente relevante, más aún cuando aquellos más afectados por el calentamiento global antrópico son los menos responsables de las emisiones de efecto invernadero que han causado el problema.

Cuando se discute sobre el papel de la cooperación internacional frente al cambio climático, es fundamental tener presente que “estas ayudas no deberán interpretarse como una ayuda prestada por los países ricos a favor de los pobres, sino como unas ayudas compensatorias proporcionadas por los países con niveles elevados de emisiones a los países más vulnerables a sus impactos”, como expresó Fabián Ruocco en la Cumbre de Economía Verde en la ciudad de Córdoba junto al nobel de la Paz Barack Obama, expresidente de los EE. UU.

Los Estados tienen la obligación de mitigar los efectos nocivos del cambio climático tomando las medidas más ambiciosas posibles para evitar o reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo más breve posible. Aunque los Estados más ricos deben abrir camino tanto en el ámbito nacional como mediante la cooperación internacional, todos los países deben tomar todas las medidas razonables para reducir las emisiones hasta el máximo de sus capacidades.

¿ES POSIBLE UN FUTURO SOSTENIBLE?

Las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) son las acciones que todos los países que forman parte de la Convención Marco sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas (CMNUCC) deben llevar a cabo para intensificar sus acciones contra el cambio climático, ya sea para reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) –acciones de mitigación– o para adaptarse a los impactos producidos por ese fenómeno –acciones de adaptación–.

Nuestro país ha llevado adelante un proceso de revisión de nuestras Contribuciones que ha sido coordinado interministerialmente a través del Gabinete Nacional de Cambio Climático (GNCC), con una estrategia participativa de los distintos sectores de la comunidad en el ámbito del Gabinete ampliado, e interjurisdiccional, a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

El cambio climático demanda una respuesta integral que ataque sus causas estructurales. Se trata de la necesidad urgente de un cambio de paradigma de desarrollo, que se asiente sobre la base de la equidad, la solidaridad, la complementariedad y la armonía con la naturaleza.

La idea de la “justicia climática”, en todo caso, es promover una transición justa a un futuro sostenible y libre de combustibles fósiles que a la vez proteja a las personas y países más vulnerables de los impactos del cambio climático. Lo importante es no demorar más.

* El autor de esta nota es abogado experto en Derecho Ambiental y secretario de Legal y Técnica de CEDyAT-UVT.

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