La Paz total peligra con el presidente Abelardo de la Espriella: busca eliminar frenos judiciales a organizaciones criminales

La reforma a la ley de la Paz total se ha convertido en uno de los ejes centrales de la agenda política en Colombia tras el cambio de Gobierno. El consenso entre los principales partidos y el Ejecutivo liderado por Abelardo de la Espriella apunta a desmantelar o modificar de fondo la normativa que, durante la administración de Gustavo Petro, permitió entablar diálogos y negociaciones con grupos armados ilegales, extendiendo beneficios judiciales y políticos a estructuras criminales.

El plan legislativo del presidente Abelardo de la Espriella

La nueva administración promueve una estrategia que busca restringir drásticamente los alcances de la ley de la Paz total. Entre las propuestas, resalta la iniciativa impulsada por el representante Simón Molina, aliado de De la Espriella, que plantea reformar la ley para eliminar cualquier disposición que permita frenar medidas judiciales contra miembros de organizaciones criminales sin que exista un proceso formal de sometimiento a la justicia, de acuerdo con lo revelado por Semana.

Además, este proyecto contempla que el Gobierno no podrá reconocer estatus político ni otorgar beneficios propios de procesos de paz a organizaciones que no tengan un origen político-militar comprobado. Esta modificación se dirige directamente en contra de la política anterior, que reconoció al Clan del Golfo como grupo armado, extendiendo beneficios que ahora se pretenden suprimir.

De acuerdo con la propuesta presidencial, el sometimiento a la justicia ordinaria será el único camino para las estructuras criminales de alto impacto. No habrá escenarios de diálogo ni negociaciones políticas fuera del marco legal tradicional, lo que supone un giro radical respecto a lo implementado en la gestión anterior.

Otra de las prioridades señaladas por el nuevo Gobierno es la suspensión inmediata de los beneficios otorgados a voceros de grupos armados ilegales y las estructuras criminales en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó. El ministro de Justicia, Iván Cancino, será el encargado de tramitar y ejecutar estas medidas, lo que implica un seguimiento activo de los beneficios aún vigentes que se concedieron a 121 individuos hasta el primer semestre de 2026.

En este contexto, la administración del abogado ha puesto como prioridad la persecución efectiva de los cabecillas que participaron en las mesas de diálogo promovidas por Petro. Las autoridades buscarán capturar a figuras como Iván Mordisco y Calarcá, vinculados a las disidencias de las Farc, así como a alias Chiquito Malo del Clan del Golfo y líderes del ELN.

La principal alternativa para los criminales será acogerse a la política de sometimiento, sin negociaciones políticas ni zonas de ubicación temporal. Así, el Gobierno busca dejar sin efecto los beneficios concedidos bajo la figura de “ubicación temporal”, utilizada para agrupar a miembros de grupos armados en zonas específicas durante los avances en los procesos de paz.

La política de Gustavo Petro y sus diferencias

Durante el mandato de Gustavo Petro, la ley de la Paz total sirvió para autorizar a la Fiscalía la suspensión de órdenes de captura contra más de 200 personas vinculadas a diversos grupos armados. Entre los beneficiados se encontraban miembros del ELN, disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, Clan del Golfo y otras estructuras en Quibdó, Medellín y Buenaventura.

Petro avaló que se frenaran las capturas sin exigir un marco legal de sometimiento previo, lo que facilitó el avance de las negociaciones y la agrupación de combatientes en zonas específicas, como sucedió con los Comandos de Frontera en Putumayo. Además, sus representantes en las mesas de paz contaban con amplias facultades para dialogar, negociar y alcanzar acuerdos con los voceros de los grupos armados organizados.

La eliminación de estas prerrogativas es uno de los puntos centrales del nuevo paquete legislativo. De aprobarse, dejarán de existir instrumentos como la “ubicación temporal” y las facultades amplias para negociar, lo que marcaría el fin de los beneficios otorgados en el periodo anterior.

La Cámara y el Senado manejan múltiples argumentos para derogar la paz total, señalando que su aplicación ha resultado perjudicial en materia de seguridad y en la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Bajo la nueva orientación, el énfasis estará en la persecución judicial y la rendición ante la justicia ordinaria, sin atajos ni concesiones políticas para las organizaciones al margen de la ley.