La fiscal general Luz Adriana Camargo anunció que, a través de la resolución 0079, se revocó la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura en el Valle de Aburrá.
Esta decisión afecta de manera directa al proceso de paz total en Medellín, según explicó en entrevista con Caracol Radio.
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La suspensión fue revocada porque corresponde a personas privadas de la libertad que ya cumplen condenas en centros penitenciarios.
La medida no afecta a quienes están procesados en libertad, y otras siete órdenes de captura permanecen activas para líderes criminales que aún no están bajo detención. Así, la resolución reconfigura la situación legal de la mayoría de los beneficiarios de la suspensión original.
Camargo detalló que la medida, formalizada en la resolución 0079, fue notificada el día anterior tanto a la Oficina del Consejero Comisionado como al Inpec. “Emitimos la resolución 0079 y fue comunicada ayer a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura”, afirmó la fiscal en el medio radial citado.
La funcionaria recalcó que estas órdenes corresponden únicamente a condenados y no a quienes se encuentran en etapa de investigación o juicio. Según sus declaraciones, la Fiscalía General define claramente el alcance de la nueva medida para evitar confusión sobre qué tipo de procesados quedan amparados por la suspensión.
De acuerdo con la fiscal general Luz Adriana Camargo, la revocatoria solo afecta a quienes, ya sentenciados, cumplen condena en prisión. “Esta medida está dirigida a personas privadas de la libertad que se encuentran cumpliendo condenas y no a quienes están por fuera en libertad”, explicó a Caracol Radio.
Las otras siete órdenes de captura continúan vigentes dentro del proceso judicial, lo que mantiene bajo escrutinio a los líderes criminales aún en libertad. La comunicación formal de la decisión se transmitió a los órganos estatales pertinentes, mostrando el ajuste en la estrategia institucional frente a la seguridad del Valle de Aburrá.
Contexto y repercusiones en el proceso de paz total
La medida se enmarca dentro del proceso de paz total promovido por el Gobierno de Gustavo Petro, con énfasis en la reducción de la violencia y la desarticulación de estructuras criminales en Medellín.
Durante la entrevista en Caracol Radio, Camargo aclaró que la resolución busca delimitar quiénes se benefician de la suspensión y contribuir a la seguridad en la región.
Este cambio modifica el estatus legal de más de la mitad de los implicados en el proceso de paz urbana, pues reactiva la persecución penal para aquellos que, aunque eran beneficiarios de suspensión, ya cumplían condena. El resto de las órdenes de captura mantiene su vigencia y está bajo seguimiento de las autoridades.
La fiscal Camargo descarta pactos irregulares en extradición de alias ‘Papá Pitufo’
La fiscal general Luz Adriana Camargo rechazó las acusaciones sobre trato especial y ocultamiento de pruebas en el proceso de extradición de Diego Marín, alias Papá Pitufo, y respondió detalladamente a los señalamientos del presidente Gustavo Petro sobre presuntas negociaciones y audios que involucran al candidato Abelardo de la Espriella.
Camargo afirmó que la indagación contra Marín, que abrió la puerta a su extradición, se originó bajo otra administración y que cualquier negociación de beneficios jurídicos o interceptación de comunicaciones corresponde únicamente a la Fiscalía, con control judicial. Estas declaraciones fueron recogidas en una entrevista publicada por A Fondo.
La funcionaria enfatizó que el proceso contra Marín Buitrago comenzó en 2023 durante la gestión de Francisco Barbosa.
Según Camargo, los delitos imputados, concierto para delinquir con fines de contrabando y cohecho, fueron documentados mediante agencias encubiertas ese mismo año: “El proceso penal que cursa en fase de investigación contra Diego Marín, alias ‘Pitufo’, tiene que ver con un concierto para delinquir con fines de contrabando y unos cohechos que se documentaron a través de unas agencias encubiertas en el año 2023”, afirmó Camargo a A Fondo.
La fiscal recalcó que tanto la solicitud de extradición como la imputación de los delitos se sustentan en pruebas recabadas antes de su nombramiento.
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