El representante a la Cámara Daniel Felipe Briceño Montes radicó un extenso derecho de petición dirigido a la junta directiva y a la presidencia de Ecopetrol, en el que solicita respuestas detalladas sobre la situación financiera, administrativa y operativa de la compañía en medio de la salida temporal de Ricardo Roa Barragán.
La iniciativa, que incluye un cuestionario de 50 preguntas, fue enviada al presidente encargado Juan Carlos Hurtado Parra y a los miembros de la junta directiva, con el argumento de que el país “debe conocer el estado real de la empresa” en un momento de alta incertidumbre institucional y financiera.
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Briceño cuestionó que tanto Roa como varios integrantes de la cúpula de la petrolera no han respondido públicamente a múltiples controversias, por lo que exigió información “de fondo, clara y precisa” sobre distintos frentes de gestión.
El documento cobra relevancia en un contexto marcado por la decisión de la junta de apartar temporalmente a Roa de la presidencia, tras el avance de procesos judiciales en su contra relacionados con su papel en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
En este escenario, el congresista elevó cuestionamientos que abarcan desde el deterioro de indicadores financieros hasta presuntos problemas de gobierno corporativo y transparencia.
Enfoque en caída de utilidades y gastos
En el documento, el congresista plantea de forma directa: “Explique detalladamente las causas operativas de esta reducción del 48%”. Asimismo, cuestiona: “¿A qué se debe el incremento de los gastos financieros a $10.7 billones en 2025, a pesar de la reducción en los ingresos totales?”.
El representante también pidió información sobre la pérdida de valor de la acción de Ecopetrol tanto en la Bolsa de Valores de Colombia como en la Bolsa de Nueva York, así como el estado de la deuda del Gobierno Nacional con la empresa por concepto del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
A esto se suman interrogantes sobre flujo de caja, provisiones ante posibles sanciones internacionales y el impacto de los proyectos de transición energética en la rentabilidad.
Cuestionamientos por gobierno corporativo
El derecho de petición dedica un capítulo completo a temas de ética y gobierno corporativo. Allí, Briceño solicita detalles sobre investigaciones internas relacionadas con denuncias de direccionamiento de contratos, especialmente en filiales como Cenit.
En ese apartado, pregunta: “¿Cuál es el estado actual de las investigaciones internas y ante autoridades competentes sobre las denuncias de direccionamiento de contratos?” y también exige claridad sobre decisiones administrativas sensibles, como: “¿Bajo qué justificación técnica y jurídica se procedió con la desvinculación del funcionario que denunció presiones?”.
También se incluyen preguntas sobre contratos específicos, como el adjudicado a la firma Inemec SAS, y sobre la contratación de asesorías internacionales, entre ellas la firma Covington & Burling LLP, para evaluar riesgos legales asociados a Roa ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).
El congresista pidió además copia de actas de junta que autoricen el uso de recursos de la empresa en temas relacionados con la campaña presidencial de 2022, así como cifras sobre procesos disciplinarios internos, costos de seguridad y viáticos de la alta dirección.
Otro bloque del cuestionario aborda la relación con los sindicatos y la estructura laboral. Briceño solicitó información sobre la negociación colectiva anticipada, el impacto financiero de los nuevos beneficios acordados y el crecimiento de la planta directiva durante la administración de Roa.
Asimismo, pidió datos sobre contratación en filiales como ISA, Ocensa y Hocol, especialmente en lo relacionado con la vinculación de personas provenientes del sector público. También cuestionó el aumento en bonificaciones a la alta gerencia, el uso de firmas cazatalentos y denuncias de acoso laboral o persecución política dentro de la organización.
Producción, reservas y transición energética
En materia operativa, el documento incluye preguntas sobre la caída en la producción de hidrocarburos, la tasa de reposición de reservas, el número de pozos exploratorios perforados y el costo de producción por barril.
También solicita explicaciones sobre el impacto de la decisión de no firmar nuevos contratos de exploración en la valoración de activos.
El representante indagó además por el estado de proyectos estratégicos, como la importación de gas desde Venezuela, el margen de refinación de Reficar y los costos asociados a atentados contra oleoductos.
En cuanto a la transición energética, pidió cuentas sobre inversiones en proyectos solares y eólicos que presentan retrasos, así como sobre el futuro del negocio en el Permian (Estados Unidos), uno de los activos más rentables de la compañía.
Contratación y ley de garantías
Finalmente, el derecho de petición incluye un apartado sobre gestión contractual, en el que se solicita el listado de contratos firmados bajo la modalidad de fuente única, especialmente en el periodo previo y posterior a la entrada en vigor de la ley de garantías.
Entre los casos puntuales, se menciona el contrato de Termomorichal I y II, respecto al cual Briceño cuestiona un cambio de valoración que habría implicado un pago de 42 millones de dólares.
La radicación de este cuestionario se suma a la creciente presión sobre Ecopetrol para entregar información detallada en medio de un escenario de transición en su liderazgo y de mayor escrutinio público sobre su desempeño financiero y su gobierno corporativo.
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