El debate sobre los beneficios judiciales otorgados a cabecillas de las disidencias de las Farc y a otros grupos armados bajo la política de Paz Total impulsa un cruce de acusaciones entre autoridades y organizaciones criminales en Colombia.
El Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Sánchez, ha rechazado como “falsas” las denuncias de las disidencias sobre supuestos incumplimientos oficiales, mientras persiste la desconfianza hacia el proceso liderado por el presidente Gustavo Petro.
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El cuestionamiento central gira en torno al crecimiento de estructuras criminales y al aumento de la violencia durante la implementación de esta estrategia, según Semana.
El programa de Paz Total, instaurado bajo el gobierno de Petro, otorgó suspensión de órdenes de captura a 205 representantes de grupos armados, entre ellos el ELN y las disidencias de las Farc, con el objetivo de facilitar diálogos y desmantelar organizaciones ilegales.
Sin embargo, de acuerdo con cifras oficiales recogidas por Semana, cuatro de cada diez beneficiados infringieron los acuerdos o reincidieron en actividades delictivas. Esto llevó a la reactivación de las órdenes de captura, poniendo en entredicho la efectividad de la política y cuestionando la reciprocidad de los acuerdos.
Las disidencias de las Farc acusan al Gobierno de falta de cumplimiento y engaños en los acuerdos de paz. El Ministerio de Defensa sostiene que tales acusaciones buscan desviar la atención sobre el incumplimiento de los grupos armados y su responsabilidad en la escalada violenta.
Según el medio mencionado, la suspensión de capturas permitió a los líderes de estas organizaciones moverse libremente y expandir su territorio, lo que complicó la acción de la justicia y los mecanismos estatales de control.
Según cifras de la Fiscalía, 121 integrantes de organizaciones armadas mantienen beneficios judiciales en vigor; mientras que el restante es buscado por reincidir en delitos o no cumplir los compromisos.
Entre 2022 y 2026, se otorgaron medidas a 33 miembros del ELN, 81 de las disidencias Farc y decenas de otros grupos criminales.
Impacto de la Paz Total y los beneficios judiciales
El proceso de Paz Total liderado por Gustavo Petro implicó el desembolso de más de 100.000 millones de pesos en gastos para negociaciones, protección de participantes y logística, según documentos citados por Semana.
Pese a esa considerable inversión pública, las expectativas de desarme y reducción de la violencia no se cumplieron.
Durante la implementación de la Paz Total, la suspensión de capturas permitió a estructuras de las disidencias operar durante 459 días sin intervención policial para el grupo de Iván Mordisco y 762 días en el caso de la estructura de Calarcá.
Paralelamente, aumentaron el crimen y el reclutamiento forzado de menores, creciendo en un 160 % el número de nuevos integrantes en estas organizaciones, según registró el Ministerio de Defensa.
La revocatoria de beneficios judiciales expuso que varios líderes aprovecharon estas medidas para consolidar sus redes. La Fiscalía reactivó 42 detenciones suspendidas tras comprobar reincidencia o fuga en el proceso de negociación.
Entre los casos destacados, figuran cabecillas capturados en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP), liberados por sus beneficios judiciales y posteriormente vinculados a nuevos delitos.
Disidencias de las Farc y expansión territorial durante la Paz Total
Bajo la vigencia de la Paz Total, las disidencias de las Farc incrementaron de 3.275 a 9.634 integrantes y ampliaron su actividad violenta y control sobre regiones como Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Chocó, según datos recabados por el medio ya citado.
Leonardo González, director de Indepaz, afirmó que “ellos actúan como dictaduras locales y controlan las economías ilícitas”.
Autoridades han registrado la autoproclamada “república independiente” en Jamundí impulsada por “Iván Mordisco”, el dominio de municipios por parte de “Calarcá” y el uso de drones explosivos en atentados urbanos y rurales.
El impacto para la fuerza pública se reflejó en 173 uniformados asesinados en 2025, la cifra más alta de la década. En total, 376 miembros del Ejército y la Policía fueron víctimas durante la implementación de la Paz Total, según cifras oficiales.
Estos hechos, atribuidos en gran parte a las disidencias, condicionan el debate sobre la continuidad y el alcance de la política actual de paz.
Líderes criminales beneficiados y nuevas evidencias de delitos
Figuran entre los cabecillas beneficiados nombres como Iván Mordisco, Calarcá, Panda, Urías Perdomo y Ramiro, todos vinculados a graves crímenes, control regional y amenazas contra la población civil.
Alias Calarcá, jefe máximo de las disidencias, está señalado por diversos delitos, incluido el ataque a un helicóptero en Antioquia con 13 policías muertos y el asesinato de 7 militares en Guaviare.
La fiscal Luz Adriana Camargo declaró en Semana que se encontraron pruebas de órdenes directas de homicidio por parte de “Calarcá”, concretamente mensajes que lo vinculan como responsable intelectual de crímenes recientes.
En opinión de Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, “se les otorgaron unos beneficios sin que ellos hubiesen convenido ninguna reciprocidad para la sociedad”, según declaraciones al medio citado.
Por su parte, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sostuvo que el único camino legal para los cabecillas es someterse a la justicia ordinaria, ya que los acuerdos no pueden anular la responsabilidad penal existente.
Costos institucionales y balance de la Paz Total
La política de Paz Total demandó desembolsos significativos del presupuesto nacional. Solo las negociaciones con el ELN sumaron 32.960 millones de pesos, mientras que los procesos y beneficios para las disidencias de las Farc implicaron 34.601 millones.
Los diálogos con la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y bandas urbanas requirieron otros miles de millones destinados a honorarios, protección y logística, según información proporcionada por Semana.
El balance institucional muestra un desgaste creciente: las acciones armadas y el fortalecimiento de grupos ilegales continuaron, a pesar de la inversión pública y las garantías ofrecidas por la Oficina del Comisionado de Paz.
Voces de especialistas, como la de un general retirado de la Policía entrevistado por el medio citado, advierten que fue un error severo apostar por acuerdos sin medir las consecuencias.
El porvenir de estas políticas dependerá del posicionamiento del nuevo gobierno, ya que a partir de agosto, las conversaciones de paz pasarán a la siguiente administración.
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