Más de 450 ciudadanos piden al alcalde Galán frenar el desmonte de aulas de apoyo en Bogotá, que impactaría a 1.500 estudiantes con discapacidad

Más de 450 ciudadanos, junto con los concejales de Bogotá Julián Espinosa y Andrés Onzaga, radicaron una carta dirigida al alcalde Carlos Fernando Galán en la que solicitan detener el desmonte de las Aulas de Apoyo Pedagógico en instituciones educativas del Distrito.

La petición se fundamenta en la preocupación por los efectos que esta decisión podría tener sobre estudiantes con discapacidad, sus familias y docentes del sistema público.

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La iniciativa fue dada a conocer por el concejal Espinosa a través de su cuenta en la red social X, donde señaló que la solicitud también está dirigida a la Secretaría de Educación de Bogotá. En su pronunciamiento, advirtió sobre el alcance de la medida y mencionó el respaldo normativo reciente del Gobierno nacional. “Esta decisión afectaría a más de 1.500 niños con discapacidad, a sus familias y a los docentes de colegios públicos”, afirmó.

En el mismo mensaje, el cabildante hizo referencia a la Circular 024 de 2026 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que establece lineamientos para garantizar la continuidad de apoyos especializados en el sistema educativo. “Alcalde @CarlosFGalan ya no hay excusa. Detenga el desmonte de las Aulas de Apoyo Pedagógico”, agregó.

Solicitud formal al alcalde

La carta, fechada el 1 de abril de 2026 expone una solicitud formal para frenar el cierre de estos espacios en el marco de la política de educación inclusiva. “Nos dirigimos a usted con el propósito de expresar nuestra preocupación frente al cierre de las aulas de apoyo pedagógico en las instituciones educativas del Distrito, en el marco de la política de educación inclusiva”, señala el texto.

Asimismo, los firmantes reconocen el enfoque de la administración distrital en materia de inclusión, pero plantean condiciones necesarias para su implementación. “La inclusión educativa no puede limitarse a la incorporación de estudiantes con discapacidad en aulas regulares sin los apoyos necesarios”, se lee en la carta, en la que también se menciona la importancia de contar con profesionales especializados, recursos pedagógicos y ajustes razonables.

El documento advierte que el desmonte de estas aulas podría generar efectos contrarios a los objetivos de equidad. “El desmonte de aulas de apoyo pedagógico puede derivar en escenarios de exclusión dentro del aula”, indica el texto, que también subraya posibles impactos en la calidad del proceso educativo.

Peticiones concretas de los firmantes

Dentro de la solicitud elevada al alcalde, los firmantes plantean una serie de medidas orientadas a garantizar el acceso y permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo. Entre ellas, se incluye la vinculación suficiente de profesionales especializados como docentes de apoyo, psicólogos y terapeutas.

También se solicita fortalecer la formación y el acompañamiento a los docentes de aula regular, así como asegurar la asignación de recursos pedagógicos y tecnológicos adecuados. Otro de los puntos mencionados es la implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).

“Estamos convencidos de que Bogotá puede liderar un modelo de educación inclusiva de alta calidad”, concluye la carta, en la que los firmantes reiteran su disposición para trabajar conjuntamente con la administración distrital en la construcción de soluciones.

Nueva circular del Gobierno en materia de educación inclusiva

La solicitud se produce en un contexto en el que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular 024 del 31 de marzo de 2026, dirigida a autoridades territoriales y comunidades educativas, con orientaciones técnicas sobre la continuidad de apoyos especializados para estudiantes con discapacidad.

El documento establece que la educación es un derecho fundamental y señala la obligación del Estado de garantizar el acceso, la permanencia y el aprendizaje sin discriminación. Además, enfatiza que la educación inclusiva debe desarrollarse de manera progresiva, con base en las condiciones específicas de cada estudiante y su entorno.

Entre las directrices, se destaca el principio de no regresividad, según el cual las decisiones administrativas no deben implicar una disminución en la calidad del servicio educativo ni afectar los derechos adquiridos. En ese sentido, la circular menciona el papel de las aulas de apoyo dentro del sistema: “La existencia y fortalecimiento de las aulas de apoyo garantiza el derecho a la educación de las personas con discapacidad múltiple y son parte de la educación inclusiva”.

Asimismo, se señala que cualquier transición hacia modelos de integración en aulas regulares debe estar sustentada en la disponibilidad de apoyos técnicos y humanos suficientes, definidos a través de los PIAR; y se establece la obligación de las secretarías de educación de planificar, publicar y socializar sus estrategias de atención educativa.