CNE no ha recibido solicitud para la posesión de Wadith Manzur, detenido por presunta corrupción en la Ungrd, pero acataría la decisión del Senado

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que, hasta el momento, no ha recibido ninguna solicitud formal relacionada con la eventual posesión de Wadith Manzur como senador de la República para el periodo 2026-2030.

El pronunciamiento se produce en medio de la situación judicial del actual representante a la Cámara, que permanece privado de la libertad por su presunta participación en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd).

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De acuerdo con el presidente del CNE, Cristian Quiroz, ni el congresista, ni su equipo jurídico, ni terceros han presentado requerimientos ante esa corporación para que se autorice o estudie su posesión en la próxima legislatura, prevista para el 20 de julio. “No hemos recibido absolutamente ninguna solicitud. Una vez recibamos cualquier solicitud de un juez de la República, algún ente de control, procederemos a llevarlo a la sala plena y tomar decisiones y dar el comunicado. Pero en este momento no tenemos ninguna solicitud sobre esos dos representantes”, afirmó el funcionario en declaraciones a La FM.

CNE acatará decisiones de las autoridades competentes

El presidente del CNE precisó que, en caso de que exista una orden judicial o administrativa que indique la entrega de la credencial a Manzur para posesionarse como senador, la entidad procederá conforme a lo establecido en la ley.

En ese sentido, reiteró el carácter administrativo del organismo electoral y su obligación de cumplir las decisiones de otras autoridades. “Nosotros tenemos que ser respetuosos de las decisiones de los jueces de la República (…) Nosotros no somos un ente judicial, somos un ente administrativo que hacemos lo que nos corresponde en democracia y lo que nos corresponde administrativamente. Si nos ordenan entregar la credencial, tenemos que entregarla, nosotros no somos quien para negarle o no un derecho a las personas”, indicó Quiroz.

Mientras tanto, la Corte Suprema de Justicia remitió un oficio al Senado de la República en el que solicita que esa corporación defina la situación política del congresista y determine si puede asumir su curul estando privado de la libertad. La decisión de trasladar el caso al Legislativo se dio luego de que la defensa de Manzur presentara una solicitud para aclarar si la medida de aseguramiento impuesta en su contra afecta sus derechos políticos.

Senado estudiará el alcance de la solicitud

Entre tanto, el secretario general del Senado, Diego González, confirmó el 30 de marzo que el caso ya fue recibido y será objeto de análisis. Según explicó, el estudio se centrará en la normatividad constitucional y legal aplicable para emitir una respuesta de fondo frente a la posibilidad de posesión del congresista: “Se hará un análisis profundo de la normatividad constitucional y legal para poder dar una respuesta de fondo y de manera responsable”.

En el derecho de petición presentado por el abogado de Manzur, Francisco Javier Araújo Morelos, a la Corte Suprema de Justicia; se planteó la necesidad de aclarar el alcance de dicha medida frente a los derechos políticos derivados del voto ciudadano. La defensa pidió que se garantice la posibilidad de que Manzur pueda posesionarse el 20 de julio, mediante “la autorización de traslado temporal, excepcional y bajo estrictas condiciones de custodia”, con el fin de materializar el acto constitucional.

No obstante, el alto tribunal respondió que no emitiría un concepto de fondo sobre la solicitud y por ello, traslado la responsabilidad al Senado. “La Sala no tiene atribuciones consultivas o de emisión de conceptos, no se emitirá pronunciamiento. (...) El despacho remitirá copia de la petición a la Presidencia y la Mesa Directiva del Senado de la República, para lo de su cargo”, se lee en la comunicación enviada al presidente del Congreso.

Implicaciones constitucionales y situación de las curules

El caso de Wadith Manzur se enmarca en un contexto más amplio sobre la situación de congresistas que enfrentan procesos judiciales. Tras su captura, al igual que la de la representante Karen Manrique, surgieron interrogantes sobre el futuro de sus curules tanto en el periodo actual como en el siguiente, para el cual ambos fueron reelegidos.

Actualmente, debido a la orden de captura vigente, los dos congresistas no podrán ejercer sus funciones en lo que resta del periodo legislativo en curso, es decir, hasta el 20 de julio. En estos casos, la Constitución prevé la aplicación de la figura de la “silla vacía”, que impide que sean reemplazados por otros candidatos de sus respectivas listas.

El artículo 134 de la Constitución establece que “en ningún caso podrán ser reemplazados quienes sean condenados por delitos comunes relacionados con (…) delitos dolosos contra la administración pública (…) Tampoco quienes renuncien habiendo sido vinculados formalmente (…) ni las faltas temporales de aquellos contra quienes se profiera orden de captura”.