En medio de las ofensivas militares contra las disidencias de “Iván Mordisco”, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que alertó sobre la situación que se registra en Cumbitara, Nariño, por combates entre este grupo armado y estructuras del ELN.
La entidad informó que desde el 23 de marzo se han registrado combates que han obligado a más de 200 familias a desplazarse del municipio, provocando una crisis humanitaria en la región.
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Las familias provienen de las veredas de Santa Elena, El Desplayado, La Florida, San José del Bijao, Boca de Mares y San Agustín. Muchas de ellas han buscado refugio en la cabecera del corregimiento Sidón y en el casco urbano de Cumbitara.
La Defensoría del Pueblo reportó que los desplazados permanecen en una residencia estudiantil y en viviendas particulares, adaptadas para su atención temporal, y advirtió que la cifra podría aumentar si se mantienen los enfrentamientos.
La entidad señaló que los combates están vinculados a una disputa territorial entre el Frente Franco Benavides, adscrito a las disidencias Estado Mayor Central de “Iván Mordisco”, los Comuneros del Sur (relacionados con el ELN) y el grupo autodenominado AUN.
Durante la confrontación entre estas estructuras se ha intensificado el riesgo para las comunidades rurales del municipio; es por ello que la Defensoría del Pueblo reiteró que el desplazamiento forzado constituye una infracción grave al derecho internacional humanitario, referenciando el artículo 17 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra.
“El desplazamiento forzado está prohibido y constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario (DIH) que causa vulneraciones complejas y múltiples a los derechos fundamentales de las víctimas”, indicó la institución.
El organismo realizó un llamado urgente a los actores armados para que cesen de inmediato los combates y las afectaciones a la población civil. Además, instó a los ministerios del Interior, Educación, Defensa y Salud, a la Unidad para las Víctimas, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a otras entidades nacionales a activar medidas y protocolos para acompañar a las comunidades afectadas y apoyar la labor de las autoridades territoriales.
Cabe recordar que en 2024 la Defensoría del Pueblo había emitido la Alerta Temprana 008, que advertía sobre el riesgo inminente derivado de la disputa por el control territorial y poblacional en la zona. En ese informe se describió el enfrentamiento entre el Frente Franco Benavides del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas y la presunta alianza conformada por el Frente Comuneros del Sur, las disidencias de la Segunda Marquetalia y las autodenominadas AUN.
La institución detalló que “el actual escenario evidencia la evolución del riesgo que se ha materializado debido a la disputa territorial de los grupos armados”. Además, anunció que mantendrá el monitoreo permanente de la situación y continuará con el acompañamiento a las comunidades afectadas en Cumbitara que puedan resultar perjudicadas por la persistencia de los enfrentamientos.
En la comunicación más reciente, la Defensoría del Pueblo subrayó el grave riesgo que enfrenta la población civil ante la continuidad de las hostilidades. “Más de 200 familias han sido desplazadas en Cumbitara, Nariño, por combates prolongados entre grupos armados ilegales, lo que pone en grave riesgo a la población civil”.
La defensoría mencionó que existe la urgencia de adoptar medidas inmediatas de atención y protección para las comunidades que han tenido que abandonar sus hogares. “Desde el 23 de marzo, comunidades de varias veredas han tenido que abandonar sus hogares y se han refugiado en el corregimiento de Sidón y en el casco urbano de Cumbitara, en medio de una crisis humanitaria que podría agravarse”, es como termina el documento en el que se afirma que la entidad continuará con el monitoreo de la situación y con el acompañamiento a las familias que resulten afectadas.
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