El anuncio del Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, sobre los 23 cabecillas de estructuras criminales en Antioquia sometidos a un proceso de paz y sin orden de captura, generó fuertes críticas y preocupación pública.
La controversia se centra en la medida promovida por la administración de Gustavo Petro, que busca avanzar en un programa denominado ‘Paz Urbana’ en Medellín y el Valle de Aburrá; la acción forma parte de la estrategia general de pacificación de territorios urbanos, pero fue fuertemente cuestionada por sectores políticos y sociales.
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La representante a la Cámara Cathy Juvinao, perteneciente al Partido Verde, se pronunció de manera directa a través de sus redes sociales, en las que cuestionó la decisión del Ejecutivo.
En sus publicaciones, Juvinao calificó la medida como una acción 'injustificable’ que contraviene los principios de seguridad y legalidad que deben prevalecer en el país.
Además, la congresista presentó un listado completo de los 23 criminales que podrían verse beneficiados por la Resolución 0072 de 2026, lo que provocó alarma entre la opinión pública.
Juvinao escribió en su cuenta en la red social: “El gobierno de @petrogustavo no solo pide liberar a 23 de los peores cabecillas de este país en plenas elecciones presidenciales. Ahora nombrará ni más ni menos que en la UIAF al que le filtra información a Calarcá. Están entregándole el Estado a una nueva alianza criminal (sic)”.
En otra publicación, la representante enlistó a los beneficiados del Gobierno nacional, al señalar sus antecedentes criminales:
- “Alias Douglas: secuestro, extorsión, concierto para delinquir”.
- “Alias Tom: lavado de activos, armas, crimen organizado”.
- “Alias Carlos Pesebre: homicidio agravado y vínculos con paramilitarismo”.
- “Alias El Tigre: secuestro extorsivo, homicidio, narcotráfico”.
- “Alias Juan 23: extorsión, desplazamiento forzado.
- “Alias El Montañero: homicidio y crímenes incluso en prisión”.
- “Alias Iván el Barbado: narcotráfico internacional”.
- “Alias Chaparro: desaparición forzada”.
- “Alias Perica: homicidio, secuestro, desplazamiento”.
- “Alias Mundo Malo: extorsión, violencia sexual”.
- “Alias Clemente: lavado de activos”.
- “Alias El Saya: homicidios y armas”.
- “Alias Sebitas: homicidio y ocultamiento de pruebas”.
- “Alias Grande Pa: secuestro, tortura y asesinato”.
Juvinao también destacó que la persona acusada de filtrar información a alias Calarcá podría pasar a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). Su mensaje concluyó con un cuestionamiento directo: “¿Si esto no es connivencia estatal con los peores criminales en elecciones, entonces qué es? (sic)”.
Suspensión de las órdenes de captura contra cabecillas criminales
La Fiscalía General de la Nación suspendió temporalmente las órdenes de captura de estos líderes criminales de bandas como La Oficina, Los Chatas y El Mesa. El objetivo oficial es permitir que participen como voceros en la mesa de diálogos de paz instalada en la cárcel de Itagüí, sin riesgo de detención durante los desplazamientos necesarios para la negociación.
La organización judicial que dirige Luz Adriana Camargo aclaró que quienes ya están privados de la libertad seguirán cumpliendo sus penas, mientras que los que se encuentran en la clandestinidad pueden moverse para cumplir las gestiones de paz.
Esta decisión fue criticada por autoridades y gremios de Antioquia, que advierten sobre riesgos electorales y el mensaje de impunidad que transmite la medida. Algunos incluso compararon el proceso con el denominado “Pacto de la Picota” —un acuerdo político que supuestamente beneficia a criminales a cambio de apoyo territorial por parte del presidente Petro—, aludiendo a posibles beneficios políticos a cambio de apoyo territorial.
Actualmente, el proceso se encuentra en fase de acercamiento condicionado; el Gobierno exige el desescalamiento de la violencia, el cese de extorsiones y reclutamiento de menores, además de la entrega de rutas y bienes vinculados al narcotráfico, mientras se evalúa el cumplimiento de estos compromisos con los cabecillas.
Cabe destacar que la resolución de la Fiscalía llega meses después de la polémica por el llamado “tarimazo”, ocurrido el 20 de junio de 2025 en Medellín, cuando el presidente Gustavo Petro participó en un evento público en la plazoleta de La Alpujarra junto a varios cabecillas de estas organizaciones. Esa situación ya había generado alarma sobre los límites del diálogo con criminales y su impacto en la seguridad de la ciudadanía.
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