Ingrid Betancourt y los aspirantes al Congreso del partido Oxígeno solicitaron al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordene el retiro del cargo del presidente Gustavo Petro, en medio de la investigación contra la campaña presidencial de 2022 por violación de topes electorales.
En declaraciones a los medios de comunicación, la excandidata presidencial y hoy aspirante al legislativo explicó que la medida busca que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes active el procedimiento por indignidad política, que podría llevar a la remoción del cargo presidencial.
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“La conducta omisiva de la autoridad demandada no obedece a un ejercicio discrecional, interpretativo o político, sino que constituye un incumplimiento directo de un deber constitucional y legal de carácter imperativo (...) desde el año 2003 se determinó que la campaña que viole los topes de financiación genera como consecuencia la pérdida del cargo”, se lee en el documento elevado al tribunal.
Así mismo, recordaron que el 5 de diciembre de 2025 enviaron un derecho de petición a la corporación legislativa para que avance el proceso contra el mandatario nacional, pero señalaron que su proposición aún no ha tenido respuesta.
“La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes (no ha) emitido respuesta alguna, ni de fondo ni de trámite, ni (ha) adelantado actuación alguna tendiente al cumplimiento del deber constitucional y legal reclamado", precisaron.
Adicionalmente, Betancourt sostuvo que la intención de su movimiento político es fijar una señal clara para el sistema político colombiano frente a la forma de hacer campaña electoral en el territorio nacional.
“Nosotros consideramos que este sería un precedente muy importante. Si nosotros logramos que le quiten el cargo a Petro, ningún otro presidente ni candidato presidencial se va a atrever en el futuro a financiarse por encima de los topes haciendo trampa”, declaró Betancourt a la prensa nacional.
Igualmente, la directora del partido Oxigeno comparó la situación actual con la vivida durante el gobierno de Ernesto Samper (1994-1998) por su escándalo del proceso 8.000.
“Con Petro la situación es aún más delicada porque nos lleva de lleno al tema de Samper, que en ese momento no se condenó, y hoy Petro está haciendo lo mismo, y es que recibir plata del narcotráfico. Y fíjese lo que pasa cuando un presidente es elegido con plata del narcotráfico: le sirve a los narcotraficantes”, indicó Betancourt.
Entre los firmantes de la demanda figuran Óscar Ortiz, Silverio Gómez, Óscar Horacio Franco, Ana Eloísa Zúñiga, Juan Carlos Cárdenas, David Ricardo Reyes, Sandra Ximena Rojas y Deisy Dorelly Guanaro.
La solicitud judicial llega en medio de tensiones y reacomodamientos dentro del partido Oxígeno, donde los diez aspirantes mantienen su postulación al Congreso, pese a recientes renuncias internas como la de Sofía Gaviria, que motivaron ajustes en la conformación de la lista de candidatos.
Investigación de la campaña Petro Presidente 2022
A finales de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a la campaña presidencial de Gustavo Petro (2022-2026) por violar los topes de gasto y recibir financiación irregular.
En la ponencia elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), se estableció que la campaña excedió los límites legales de gasto en ambas vueltas electorales, superando en total los 5.300 millones de pesos —3.700 millones en la primera vuelta y 1.600 millones en la segunda— mediante la omisión deliberada de reportes.
Las pruebas incluyeron aportes sin declarar, como los provenientes del sindicato de maestros Fecode, la contratación de publicidad política en Caracol TV, pagos a más de 30.256 testigos electorales y el ingreso de fondos por la Unión Patriótica, además de recursos aportados por la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y la empresa Ingenial Media SAS.
El fallo del CNE impuso multas por 2.252 millones de pesos a Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y gerente de la campaña, junto a Lucy Aydee Mogollón (tesorera) y María Lucy Soyo Caro (auditora interna). Además, por exceder los topes en la primera vuelta, los tres deberán cubrir solidariamente otros 2.447 millones de pesos.
Además, la Fiscalía General de la Nación radicó una imputación de cargo contra Ricardo Roa por este delito, al considerar que tenía la responsabilidad de manejar la documentación financiera, tarea en la que habría incurrido en supuestas faltas.
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