El Gobierno de Colombia confirmó que el salario mínimo continuará en 2 millones de pesos tras la suspensión del decreto que ordenaba el incremento del 23%.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que los trabajadores recibirán el pago ajustado el 28 de febrero y anunció que se interpondrá un recurso de reposición contra la medida del Consejo de Estado.
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Tras la decisión del Consejo de Estado, el Gobierno prepara la presentación de este recurso y enfatiza que fundamentará nuevamente los motivos que respaldan el aumento salarial para 2026. Benedetti resaltó: “El 28 de febrero, usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23%“.
En declaraciones emitidas a través de un video que circula en redes sociales, Benedetti explicó que el Gobierno ajustará los argumentos con el fin de fundamentar nuevamente la decisión, siguiendo las observaciones del Consejo de Estado.
Además, el funcionario señaló que esta acción legal se complementa con una tutela presentada previamente por el precandidato presidencial Daniel Quintero.
En redes sociales, Benedetti enfatizó acerca de la reciente decisión judicial: “Ustedes, tranquilos. El Gobierno de Petro pondrá un recurso de reposición ante la medida del Consejo de Estado, se va a fundamentar otra vez los factores por los cuales el Consejo de Estado lo tumbó, y el 28 de febrero usted va a recibir otra vez su salario mínimo aumentado en un 23 por ciento.”
El ministro reiteró el compromiso estatal: “El Gobierno va a responder, le va a cumplir y va a hacer lo necesario para que los pobres siempre estén bien.”
A su juicio, el escenario enfrenta obstáculos institucionales para aumentar recursos destinados a la población vulnerable: “La Corte Constitucional no deja que le pongan impuesto a los ricos para que con esa plata se invierta en los programas sociales para los pobres. El Consejo de Estado no deja que haya más plata en los bolsillos de los pobres al dejar vivo el aumento del 23% del salario mínimo vital.”
Por su parte, el presidente Gustavo Petro solicitó un espacio de concertación para abordar las nuevas exigencias del Consejo de Estado.
Planteó que se evalúen las últimas mediciones económicas, junto con estudios que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios de algunos productos alimenticios.
Insistió en analizar el impacto de la subida de la tasa de interés en la situación del empleo, el alza del déficit fiscal y la evolución de los precios.
Mientras tanto, sectores afines al Pacto Histórico convocaron a la ciudadanía a las calles para respaldar el decreto y las políticas laborales impulsadas por el Gobierno nacional.
La suspensión del aumento al salario mínimo genera reacciones en el Congreso
El Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional del decreto que establecía el aumento del salario mínimo para 2026 en $1.750.905 (con $2.000.000 incluyendo auxilios), exigiendo al Gobierno expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo de ocho días.
Desde distintas bancadas, senadores manifestaron su rechazo a la medida y advirtieron sobre el posible efecto negativo para las familias más vulnerables.
Entre los pronunciamientos de mayor impacto, el senador Ferney Silva del Pacto Histórico calificó el decreto suspendido como “un avance histórico hacia la dignidad laboral consagrada en la Constitución (artículo 53) y la OIT”, y cuestionó que la suspensión “beneficia a gremios que resisten el cambio, pero castiga a los más vulnerables”.
Demandó al Ejecutivo que expida “rápido el decreto transitorio manteniendo el espíritu del salario vital”, concluyendo con: “¡El salario mínimo vital no se toca!“.
Por su parte, Sandra Ramírez del Partido Comunes criticó que “un Magistrado del Consejo de Estado, que se gana más de $60 millones al mes, decidió que $2 millones de salario mínimo es mucha plata para la clase trabajadora”, expresando que “premiaron a la oligarquía”.
En la misma línea, su colega Omar Restrepo calificó la decisión de “indignante” y anunció manifestaciones: “No nos vamos a quedar cruzados de brazos. ¡Nos vemos en las calles!“.
La senadora Paloma Valencia enfatizó la urgencia de que el Gobierno actúe conforme a los requisitos del Consejo de Estado para evitar que “la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula”.
Añadió que “queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios”, apuntando a la búsqueda de “una economía fraterna”, donde “a todos les va bien”.
Finalmente, Nicolás Echeverry del Partido Conservador subrayó que las decisiones que afectan “empleo, inflación y estabilidad empresarial deben tener sustento técnico y diálogo real”.
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