Empresarios en alerta: nueva emergencia económica podría llevar la carga tributaria de algunas empresas por encima del 80%

Más que una nueva tarifa aislada, lo que inquieta al sector empresarial es la suma. La acumulación de impuestos nacionales, territoriales y sectoriales puede llevar a que, en algunos casos, la carga tributaria efectiva supere el 80% de las utilidades. Con la emergencia económica anunciada por el Gobierno, ese panorama podría tensarse aún más.

La medida que está sobre la mesa es un impuesto al patrimonio para personas jurídicas. Según lo anticipado por el Ministerio de Hacienda, aplicaría a empresas con patrimonios líquidos superiores a 200.000 UVT, es decir, cerca de $10.400 millones. La tarifa marginal sería de 0,6% hasta los 600.000 UVT, umbral que ronda los $31.424 millones. Se estima que unas 15.000 compañías quedarían cobijadas y que el recaudo podría alcanzar los $8 billones.

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El anuncio se da en medio de la decisión del Gobierno de declarar una nueva emergencia económica tras la tragedia ocasionada por los fuertes aguaceros en Córdoba. La intención oficial es contar con recursos extraordinarios para atender la crisis. No obstante, expertos advierten que el impacto sobre el tejido empresarial debe analizarse con cuidado.

Hoy, la tarifa general del impuesto de renta corporativa es de 35%. Sin embargo, no todas las empresas pagan lo mismo. “Hay que recordar que varios de los grandes contribuyentes del país, como los sectores minero-energético y financiero, que no solo incluye bancos, sino también fiduciarias, aseguradoras y empresas de factoring, sí tienen sobretasas en renta, lo que puede llevar esa tarifa incluso a 40%”, explicó Lisandro Junco, exdirector de la Dian en el diario La República.

A partir de ahí, el cálculo se amplía. Si la empresa genera utilidades y distribuye dividendos, entra en juego otro tributo, hasta 39% para personas naturales y 20% cuando se trata de personas naturales o jurídicas extranjeras. Es decir, la carga no se agota en el impuesto corporativo inicial.

El listado continúa. Las compañías deben asumir el IVA del 19% en sus operaciones gravadas, el impuesto al patrimonio vigente tras la última reforma tributaria —con tarifas entre 0,5% y 5%—, el impuesto de industria y comercio (ICA), que varía entre 0,4% y 1,2% según el municipio, el gravamen a los movimientos financieros y las contribuciones parafiscales, que en conjunto superan el 4%. También están las ganancias ocasionales y otros cobros específicos.

Julio Toro, socio de Toro Asociados, lo resumió así en el medio antes mencionado: “no basta con observar el impuesto sobre la renta, pues las empresas no solo asumen cargas de orden nacional, sino que en su operación también enfrentan tributos territoriales”. A esto se suman los aportes a la seguridad social y demás obligaciones laborales, “lo que incrementa el costo total de operar formalmente”.

Con ese acumulado, la carga efectiva puede ubicarse entre 70% y 80%, según los expertos. Y en ciertos sectores el porcentaje escala aún más. En el financiero, por ejemplo, las entidades con rentas gravables iguales o superiores a 120.000 UVT, cerca de $6.284 millones en 2026, enfrentan una sobretasa adicional de 5%. En el sector de extracción y producción de petróleo crudo y carbón, existe un recargo permanente de entre 5% y 10% para quienes registren ingresos imponibles iguales o superiores a 50.000 UVT, alrededor de $2.618 millones.

El debate, entonces, no gira únicamente en torno a una tarifa puntual. César Cermeño, director de la maestría en Tributación de la Universidad de los Andes, advirtió que, “es importante considerar que la carga tributaria de las empresas no se limita al valor que deben asumir por concepto de impuestos nacionales y territoriales, sino también a los altísimos costos administrativos”.

Si el nuevo impuesto al patrimonio para personas jurídicas se concreta vía decreto en el marco de la emergencia económica, se sumaría a esa estructura ya exigente. Para algunas compañías, el efecto combinado a lo largo del ciclo económico, desde la generación de ingresos hasta la distribución de utilidades, podría traducirse en una presión fiscal superior al 80%.