El ministro Andrés Idárraga anunció la decisión preliminar de terminar los contratos de salud en prisiones de Colombia

Desde que Andrés Idárraga fue designado como ministro (e) de Justicia, uno de los objetivos que anunció fue la recuperación de las prisiones del territorio nacional, incluyendo la intervención para terminar con problemáticas que denuncian los reclusos.

Entre los aspectos más relevantes que son expuestos a través de medios nacionales y redes sociales, los reclusos piden que se resuelvan las falencias respecto al hacinamiento, mala alimentación y problemas ligados a la salud de los internos en las prisiones del territorio nacional.

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Precisamente, durante un operativo sorpresa que se llevó a cabo en más de 100 centros de reclusión de Colombia, Andrés Idárraga anunció que en las próximas semanas, antes de que vuelva a sus funciones como secretario de Transparencia del Gobierno Petro, se anunciarían varias acciones para comenzar un cambio estructural en las prisiones.

El 10 de febrero, a través de su cuenta de X, Idárraga recordó una de las órdenes que recibió por parte del presidente Gustavo Petro respecto a la situación que viven los internos en Colombia.

“La orden del presidente de la República, que mis antecesores engavetaron, es garantizar que toda la población privada de la libertad esté protegida y dentro del régimen subsidiado de salud”.

El ministro recordó ese contexto para denunciar que se han registrado varias irregularidades en la contratación del operador que maneja la salud de los condenados en el país.

“En nuestra consideración, y así se encuentra en estudio, la contratación de los actuales operadores de salud para los privados de la libertad se hizo por fuera de las competencias del fondo fiduciario y de manera inconsulta respecto al alto gobierno. Adicionalmente, he verificado un número importante de incumplimientos en la prestación de servicios de salud por parte de los operadores que atienden a las personas privadas de la libertad. Situación de la que es responsable la Fiduprevisora por ser el supervisor de estos contratos”.

Idárraga confirmó que la cartera estudiará los informes que sean presentados por parte de las personerías municipales en las que existan prisiones, mientras que la decisión preliminar es terminar con los contratos vigentes respecto a la prestación del servicio de salud en los centros de reclusión.

“Invito a las personerías municipales a que compartan sus informes sobre la garantía del derecho humano a la salud de las personas privadas de la libertad. La decisión preliminar del Ministerio de Justicia es terminar los contratos de salud bajo todos los anteriores argumentos fácticos y jurídicos”.

Hasta el momento, Andrés Idárraga no confirmó qué pasará con la salud de los presos en Colombia mientras se investiga lo denunciado en su publicación.

La decisión del ministro Idárraga se registró luego de que la Red de Veedurías mencionó en un informe las fallas sistemáticas en las prisiones del país. El organismo de control social advirtió que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud para la Población Privada de la Libertad habría aprobado un modelo de operador único “sin que se conozcan estudios que respalden la decisión, ni un plan de transición que garantice la continuidad del servicio”.

Al respecto, se denunció que esto podría facilitar irregularidades disciplinarias por desconocimiento de los principios de legalidad y planeación, lo que pondría en riesgo la protección de los derechos fundamentales de más de 100.000 reclusos.

Se desconoce cuál será el límite que tendrán las administraciones municipales para enviar el informe pedido por Andrés Idárraga, que ha sido cuestionado por otras figuras del Gobierno por las diferencias que ha reconocido que tiene con otros ministros y funcionarios del Estado.