El proceso judicial iniciado en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca podría desembocar en la anulación del nombramiento de Laura Sarabia Torres como embajadora de Colombia ante el Reino Unido.
El tribunal aceptó examinar una demanda que cuestiona la legalidad del decreto presidencial que la designó para ese cargo a finales de septiembre de 2025 por orden del presidente Gustavo Petro.
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El demandante sostiene que Sarabia Torres no habría acreditado el nivel de inglés requerido para ejercer la jefatura de la misión diplomática en Londres. Según el escrito que dio origen al proceso, la representación colombiana ante el gobierno británico exige que el jefe de misión se comunique y negocie directamente con las autoridades del país anfitrión, sin intermediarios ni intérpretes.
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El texto judicial, divulgado por la revista Semana, expone que “el nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”. Así, el dominio del idioma inglés se convierte en el eje central de la controversia.
El demandante también señala que la funcionaria no habría presentado certificaciones de manejo de una segunda lengua de uso diplomático ni documentación que acredite estudios de posgrado, otro de los requisitos para el cargo. Para el accionante, estos elementos son indispensables en puestos de esa jerarquía dentro del servicio exterior colombiano.
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El Decreto 1029, expedido por el Gobierno nacional, oficializó la designación de Sarabia Torres en la jefatura de la embajada en Londres. Sin embargo, el acto administrativo ahora está bajo escrutinio judicial, y su validez depende del análisis que realicen los magistrados sobre los argumentos y pruebas aportadas.
Con la admisión de la demanda, el tribunal ha dado inicio al estudio de fondo. El desenlace de este proceso podría modificar la representación diplomática de Colombia en el Reino Unido, dependiendo de las conclusiones a las que llegue la justicia administrativa.
Laura Sarabia se despachó contra “Matador” por violencia de género en sus caricaturas
Las críticas se intensificaron en Colombia tras la publicación en la red social X del caricaturista Matador (Julio César González Quiceno), aspirante al Senado por el Pacto Histórico. El contenido del mensaje fue calificado de violencia política y discriminación por diversas figuras, incluidos líderes políticos y defensoras de derechos.
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En la noche del 12 de enero de 2026, la polémica se desató cuando Matador difundió una imagen en X en la que comparó una paloma blanca con una fotografía de la senadora Paloma Valencia, acompañando la publicación con la frase: “La paloma que pides vs la paloma que te llega”.
También citó a Jaime Garzón: “Como diría Jaime Garzón, Paloma Valencia no se ‘dirige’ al país. Se ‘digiere’ al país”. El mensaje fue interpretado en varios sectores como una burla basada en la apariencia de Valencia.
La embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, respondió antes del amanecer del 13 de enero en X: “Cuando faltan ideas, aparecen los comentarios sobre la mujer. Viejo truco del machismo: atacar el físico para no discutir el poder, las decisiones ni las responsabilidades”. Al cerrar su mensaje, añadió: “No es humor ni opinión, es violencia política” y sostuvo: “El debate es de ideas, no de cuerpos”.
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La exalcaldesa de Bogotá y aspirante presidencial Claudia López se sumó a la condena, indicando: “Esto no solo es machismo del más burdo y bajeza, es además violencia política”. López solicitó a las autoridades competentes iniciar un proceso por estos hechos.
La Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (2017) describe esta violencia como actos, conductas u omisiones directas o a través de terceros que, por razones de género, busquen menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres.
Entre las formas reconocidas se incluyen el feminicidio con motivación política, agresiones físicas o sexuales, intimidaciones, amenazas, discriminación en procesos electorales, restricciones al uso de la palabra y difusión de información falsa con el fin de obstaculizar la participación de las mujeres.
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