El Gobierno Nacional ordenó el despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela, como parte de una respuesta integral ante la coyuntura regional derivada de los recientes acontecimientos en el vecino país. La medida fue anunciada en la ciudad de Cúcuta, capital de Norte de Santander, tras la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las acciones del Estado en la zona fronteriza.
El anuncio lo hizo la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, durante una rueda de prensa en la que explicó que el Gobierno adelanta un seguimiento permanente, análisis de riesgos y acciones coordinadas frente a la situación que se vive en la frontera colombo-venezolana.
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Según el comunicado oficial, el despliegue militar se enmarca en un esquema de respuesta preventiva, articulada e interinstitucional, que involucra a las Fuerzas Armadas, entidades del orden nacional, autoridades locales y organismos internacionales.
Alerta migratoria y retos en salud pública
Uno de los principales focos de atención del PMU es el impacto migratorio, especialmente en materia de salud pública. Ante este escenario, el Gobierno decretó la alerta amarilla para la red hospitalaria de la región fronteriza, con el fin de fortalecer la capacidad de atención en los municipios más afectados.
El Ejecutivo hizo un llamado directo a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) para que cumplan estrictamente con sus obligaciones financieras y contribuyan a estabilizar el flujo de recursos hacia los hospitales y centros de salud de la frontera.
El Ministerio de Salud recordó que a finales de diciembre se giraron más de $600 mil millones a la red de servicios, lo que garantiza una disponibilidad complementaria de recursos. Además, se reiteró que todos los municipios fronterizos cuentan con cientos de equipos básicos de atención, reafirmando que el derecho fundamental a la salud está garantizado para todas las personas, sin discriminación alguna.
Herramientas tecnológicas para monitorear la migración
Desde las primeras horas de la contingencia, se han realizado reuniones interinstitucionales permanentes, apoyadas en el uso del Registro Migratorio, una herramienta tecnológica que permite evaluar en tiempo real la dinámica de los flujos migratorios.
Este sistema fortalece la capacidad de respuesta del Estado, al permitir una toma de decisiones más rápida y basada en datos actualizados sobre el ingreso de ciudadanos extranjeros al país.
Emergencia humanitaria y protección de la niñez
En el plano humanitario, el Gobierno reconoció la necesidad de intensificar las acciones de solidaridad con la población venezolana, destacando que la coyuntura representa una prueba clave para los programas de atención humanitaria existentes.
Los retos se concentran en dos grandes bloques:
- Acceso a alimentos, salud y educación
- Prevención de la discriminación, la xenofobia y las violencias
En este contexto, se resaltan los convenios vigentes entre el Programa Mundial de Alimentos y el ICBF, orientados a la provisión de ayudas humanitarias. La protección integral de la infancia es prioritaria, con tres acuerdos activos en Arauca, La Guajira y Norte de Santander, enfocados en garantizar educación y protección a niñas, niños y adolescentes.
Seguridad: una frontera extensa y compleja
Los desafíos de seguridad son considerados de alta complejidad, debido a una frontera de más de 2.200 kilómetros, donde ya existe presencia permanente de la Fuerza Pública. El Catatumbo concentra gran parte de esta problemática, por la convergencia de economías ilegales, grupos armados y vulnerabilidades sociales históricas.
El Gobierno advirtió sobre el riesgo que representan organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua y el ELN, para la seguridad de la población civil y la estabilidad institucional.
Por ello, las Fuerzas Armadas se encuentran en primer grado de alistamiento, con el objetivo de garantizar la soberanía, la defensa y la integridad territorial.
Diplomacia, paz y posibles medidas económicas
En el ámbito internacional, Colombia convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, además de solicitar encuentros extraordinarios de la OEA y la CELAC, buscando articular una posición regional frente a la crisis.
A nivel interno, el Gobierno evalúa la declaratoria de una Emergencia Económica, debido a los impactos derivados de la dinámica migratoria, con el fin de contar con herramientas excepcionales para una respuesta más ágil y eficaz.
Conclusión del Gobierno
El despliegue de 30.000 soldados en la frontera con Venezuela se consolida como una de las medidas más contundentes del Gobierno Nacional, en una estrategia que combina seguridad, atención humanitaria, diplomacia, salud pública y protección de derechos humanos.
El Ejecutivo reiteró su respaldo total a las autoridades locales, su compromiso con la paz y la soberanía nacional, y expresó apoyo al presidente Gustavo Petro, rechazando las acusaciones en su contra y destacando su liderazgo en la lucha contra el narcotráfico.
La situación, según el PMU, exige coordinación permanente, información oportuna y una estrategia de mediano y largo plazo, acorde con la magnitud de la crisis regional que enfrenta Colombia en su frontera oriental.
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