El Ejecutivo formalizó la promulgación del decreto que establece la Emergencia Económica.
El texto detalla los motivos que llevaron a tomar esta decisión al finalizar 2025. Con la medida, el presidente adquiere la facultad de emitir normas con rango legal, lo que permitirá la creación de nuevos gravámenes para la población.
Ante la expedición de la emergencia económica por parte del Gobierno, la Corte Constitucional anunció una sesión especial para analizar la medida, según se informó La FM. De acuerdo con dicho medio los magistrados abordarán el tema tras la publicación del decreto, que introduce modificaciones fiscales.
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En el programa “Los secretos de Darcy” de La FM se dio a conocer que la Corte Constitucional mantendrá un encuentro informal este martes para tratar el contenido del decreto de emergencia económica.
La convocatoria de los magistrados responde al impacto que ha causado la medida, ya que existe inquietud por las posibles acciones que podría tomar el Ejecutivo en las próximas semanas.
El principal motivo de este encuentro es evitar que transcurra el plazo de 30 días de la emergencia sin una revisión previa, lo que permitiría la implementación de disposiciones difíciles de modificar después. Hasta el momento, no se ha divulgado el detalle de las normas que podrían emitirse bajo este estado de excepción.
De acuerdo con el medio antes mencionado, el objetivo de la reunión es intercambiar impresiones entre los magistrados y explorar si existe consenso para que la Corte tome el caso de forma prioritaria, ante la posibilidad de una futura intervención formal.
Además, se observará el comportamiento de los jueces que no se alinean abiertamente con el Ejecutivo, para determinar si mantienen una postura autónoma y si presentan argumentos sólidos sobre una emergencia que ha suscitado controversia en los ámbitos jurídico y político.
Y es que, el decreto que oficializa la declaratoria de emergencia establece que la medida tendrá una vigencia inicial de 30 días. En el texto se justifica la decisión señalando la necesidad de disponer de recursos adicionales, debido a dificultades asociadas al orden público, fenómenos climáticos y limitaciones fiscales.
Diversos gremios de relevancia nacional y analistas del ámbito local solicitaron a la Corte Constitucional que convocara una sesión extraordinaria con el fin de frenar la implementación del plan presentado por el Ejecutivo.
Algunos sectores señalaron que la medida podría contravenir la Constitución, al pasar por alto decisiones previas del Congreso y establecer tributos considerados perjudiciales para el entorno económico del país.
El Gobierno afirma en el decreto que el país enfrenta una situación fiscal que desborda la capacidad habitual de gestión. El texto subraya que el Estado está en “incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, debido a una coyuntura financiera que “adquirió el carácter de grave”.
En el mismo documento, el Ejecutivo señala que la negativa a la reforma tributaria representa el punto culminante de una serie de desafíos fiscales que se han venido acumulando, especialmente por la carga de compromisos obligatorios y gastos inflexibles que resultan imposibles de reducir sin causar un impacto directo en la ciudadanía.
El decreto pone especial énfasis en la mención de dos proyectos de reforma tributaria impulsados por la administración vigente que no prosperaron. El texto precisa que la primera propuesta tenía como objetivo reunir alrededor de $12 billones y la segunda, $16,3 billones, montos que el Gobierno califica como esenciales para mantener el equilibrio de las finanzas públicas.
El Gobierno señala que la imposibilidad de obtener estos ingresos por la vía legislativa agravó de manera sustancial el desbalance fiscal, obligando al Ejecutivo a acudir a los mecanismos excepcionales previstos en la Constitución.
La declaración de emergencia otorga al Gobierno la habilitación para emitir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, según lo estipulado en el propio documento.
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