El borrador del decreto de emergencia económica que alista el Gobierno de Gustavo Petro incluiría un paquete de medidas tributarias que impactarían directamente a los movimientos financieros y al consumo de productos como licores, vinos y cigarrillos a partir de 2026.
Uno de los cambios más relevantes es el aumento del gravamen a los movimientos financieros, conocido como 4x1.000, que pasaría a ser del 5x1.000. Según el articulado preliminar, la nueva tarifa aplicaría durante el año gravable 2026, lo que implicaría un mayor costo para transacciones bancarias realizadas por personas y empresas.
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El borrador también introduce ajustes al impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y productos similares. De acuerdo con el texto, el hecho generador del impuesto sería el consumo de bebidas con una concentración superior a un grado alcoholimétrico dentro de la jurisdicción de los departamentos.
En cuanto a las tarifas, el documento establece que para 2026 el componente específico del impuesto sería de $750 por cada grado alcoholimétrico, calculado sobre unidades de 750 centímetros cúbicos o su equivalente. A esto se suma un componente ad valorem del 30%, lo que incrementaría la carga tributaria total sobre estos productos.
El borrador del decreto también contempla modificaciones al impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado. Para el año gravable 2026, el impuesto se causaría por el consumo de cigarrillos, tabaco elaborado, derivados, sucedáneos o imitadores dentro de los departamentos. El texto aclara que quedarían excluidos del tributo los chicotes de producción artesanal.
Las medidas hacen parte del marco excepcional de la emergencia económica y, de acuerdo con el documento, buscan fortalecer el recaudo fiscal en un contexto de presión sobre las finanzas públicas. Sin embargo, al tratarse de un borrador, los artículos aún podrían sufrir ajustes antes de su eventual expedición oficial.
De concretarse, el decreto abriría un nuevo debate político y económico sobre el impacto de estos impuestos en el costo de vida, el consumo y la actividad empresarial, especialmente en sectores sensibles como el financiero y el de bebidas alcohólicas y tabaco.
El anuncio del Gobierno sobre la eventual declaratoria de una emergencia económica y el contenido preliminar del decreto no tardó en generar reacciones críticas desde distintos sectores económicos y políticos. Voces empresariales y exfuncionarios de alto nivel cuestionaron tanto la necesidad de acudir a esta figura constitucional como el momento y el alcance de las medidas que se estarían preparando.
El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, aseguró que en el país no existen razones que justifiquen una emergencia económica. Señaló que la legislación presupuestal es clara frente a escenarios en los que no se aprueba una ley de financiamiento y advirtió que el Gobierno debería optar por aplazar o recortar el gasto.
A su juicio, decretar la emergencia en este momento resulta “una medida altamente desleal con la sociedad colombiana”, al coincidir con el inicio de la vacancia judicial. “No se le está jugando limpio a la sociedad colombiana. No hay razones para decretar una emergencia económica”, afirmó a través de X.
En la misma línea, el economista José Ignacio López calificó la jornada como un “viernes negro en lo fiscal”. En su análisis, cuestionó una emisión privada por 23 billones de pesos a tasas cercanas al 13%, que consideró poco transparente y reflejo de problemas de caja y programación fiscal. Además, advirtió sobre la filtración del borrador del decreto de emergencia, que incluiría, entre otros, un impuesto al patrimonio empresarial y el aumento del gravamen a los movimientos financieros al 5x1.000.
López señaló que, aunque la emergencia podría caerse jurídicamente, mientras esté vigente tendría efectos negativos sobre la inversión, el empleo y el crecimiento, y dejaría una situación fiscal más compleja para el próximo gobierno.
Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo fue aún más duro en su crítica. Afirmó que el Gobierno estaría “fabricando” una emergencia económica a partir de un manejo fiscal que calificó como desbordado, con mayor endeudamiento, presupuestos que consideró inalcanzables, aumento de la burocracia y metas de ingreso que no se cumplirían.
Según Restrepo, el incremento en la prima de riesgo país y el mayor costo de la deuda serían parte del contexto que ahora se usa para justificar la emergencia. “Eso es manosear la figura constitucional de la emergencia económica”, sostuvo, y aseguró que, desde su perspectiva, la medida sería inconstitucional.
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