Tras finalizar la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá en la que se impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los exministros Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco Chaves por su presunta participación en el direccionamiento irregular de contratos en el Instituto Nacional de Vías (Invias) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Policía procedió con el procesamiento de Bonilla, que se encontraba presente en el Tribunal.
El ministro, que recibió entre lágrimas la instrucción de la Sala Penal, no opuso resistencia mientras los uniformados le leían sus derechos como procesado, siendo retirado sin mayores inconvenientes del complejo judicial. En cuanto a Velasco, atendió la audiencia desde su hogar, y aunque rechazó los cargos que le fueron imputados, aseguró que se entregaría a las autoridades en el lugar que estas dispusieran.
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Pese a que la fiscal María Cristina Patiño solicitó prisión domiciliaria para ambos funcionarios, la magistrada Aura Rosero tomó la determinación tras considerar las pruebas aportadas por el ente investigador, en las que se expone que los exfuncionarios habrían convocado y asistido a reuniones, impartido órdenes y realizado seguimiento para que proyectos de inversión en Invias y Ungrd fueran asignados a determinados congresistas, con el objetivo de asegurar votos favorables a iniciativas y reformas del Gobierno nacional en trámite en el Congreso, entre las que se incluyen la reforma tributaria y la reforma a la salud.

El equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia identificó tres periodos en los que se habrían presentado las conductas investigadas. Entre junio y septiembre de 2023, los exministros presuntamente intervinieron en 79 contratos (74 en Invias y 5 en Ungrd) por un valor total de 612.237 millones de pesos. De estos, 7 contratos se concretaron y fueron orientados según los intereses señalados.
Posteriormente, entre septiembre y diciembre de 2023, la Fiscalía señala que intercedieron en tres contratos de la Ungrd destinados a la mitigación y atención de emergencias en Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar), por un valor de 86.619 millones de pesos. Las pruebas indican que estos contratos no llegaron a ser direccionados, aunque los congresistas que serían beneficiados aprobaron 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno nacional.
En un tercer momento, entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, la Fiscalía sostiene que Bonilla González y Velasco Chaves habrían intervenido para que un contrato de la Ungrd en Sahagún (Córdoba), por 35.000 millones de pesos, fuera adjudicado a personas cercanas a un congresista de la Comisión Primera del Senado, hecho que finalmente no se concretó.
La Fiscalía General de la Nación imputó a los dos exministros los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Los exfuncionarios no aceptaron los cargos.
Gustavo Petro defendió la inocencia de Ricardo Bonilla tras ordenarse su arresto

En su cuenta de X y pese a reconocer que acataba la decisión tomada por el Tribunal Superior de Bogotá, el mandatario mostró su apoyo y confianza en que el exministro saldrá libre de todos los cargos.
“Ricardo Bonilla es doctor en Economía y profesor de profesión. Lo conozco de años y se que es inocente en mi conciencia. No interfiero en la justicia y ella determinará”, señaló.
No obstante, eso no impidió que señalara a quienes consideraba los verdaderos responsables del escándalo de corrupción en la Ungrd e Invias. “Se apoyó en el uribismo en el ministerio y esa fue su ingenuidad. Ha sido extorsionado y es víctima, y sé que lo convierte en el chivo expiatorio cuando yo impedí cualquier tráfico de influencias de congresistas, porque anulé sus peticiones expulsando al señor Olmedo de la UNGRD por corrupto”, expresó.
Petro también afirmó que los cupos de congresistas involucrados en este tipo de prácticas en gobiernos anteriores, pese a ser denunciados por él, nunca fueron investigados por la Fiscalía. “En todos los gobiernos anteriores los usaron, cuando yo mismo anulé que se siguieran promoviendo en mi gobierno, entonces ahí si hay presos. Es mi presidencia la que acabó con los cupos corruptos de parlamentarios en el presupuesto nacional”, concluyó.
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