Entregaron tierras a campesinos que estuvieron bajo control de una sociedad del expresidente Álvaro Uribe

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) formalizó la entrega de los títulos de propiedad del predio El Laguito II a campesinos de la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, consolidando así un proceso que, según la entidad, representa un avance en la recuperación de baldíos estatales y en la ejecución de la Reforma Agraria.

Con esta adjudicación, las familias beneficiadas obtienen seguridad jurídica sobre 8,3 hectáreas, lo que les permitirá acceder a créditos y desarrollar proyectos productivos en cultivos de arroz, plátano, yuca y apicultura. La ANT destacó que la formalización de El Laguito II se suma a las más de 1’878.000 hectáreas ya tituladas a comunidades rurales, dotando a este predio de un profundo simbolismo para la justicia agraria.

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La resolución que oficializa la entrega establece que la Asociación Baluarte Campesino Juana Julia Guzmán, identificada con NIT N° 901656701-9 y representada legalmente por Carmenza Gómez Ortega, queda inscrita en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) como aspirante a acceso a tierra a título gratuito.

El documento también aclara que la agremiación campesina no había sido beneficiaria de ningún programa de tierras rurales administrado por la ANT. Además, la resolución advierte que “contra esta decisión procede el recurso de reposición ante el funcionario que tomó la decisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en el Artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y el Artículo 15 del Decreto Ley 902 de 2017”.

Cabe aclarar que el proceso judicial sobre El Laguito II se remonta a 2018, cuando la empresa Agropecuaria El Ubérrimo S.A.S., vinculada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su familia, solicitó la prescripción adquisitiva de dominio, alegando posesión prolongada del terreno. Sin embargo, en 2019, un juez determinó que el predio era un baldío de la Nación y ordenó a la ANT iniciar el proceso de clarificación. Posteriormente, en 2022, la empresa de Uribe Vélez devolvió voluntariamente el terreno al Estado colombiano, permitiendo que la asociación campesina lo ocupara y trabajara desde entonces.

La entrega provisional del predio a la Asociación Baluarte Campesino se materializó en mayo de 2023, mientras se completaban los trámites para su ingreso formal al Fondo de Tierras. Ahora, con los títulos en mano, las familias campesinas pueden avanzar en sus planes productivos y acceder a instrumentos de financiamiento.

Lilia María Rodríguez, subdirectora de Acceso a Tierras en Zonas Focalizadas de la ANT, resaltó el significado de la adjudicación: “La entrega de este predio a familias campesinas simboliza un acto de justicia, porque representa la recuperación de baldíos del Estado que fueron indebidamente apropiados mediante maniobras jurídicas por grandes empresas y clanes políticos”. Rodríguez añadió: “El predio regresa a las manos campesinas que debieron haberlo trabajado desde hace décadas”.

Los detalles de la venta de una parte de El Ubérrimo, propiedad de Álvaro Uribe Vélez al Estado

El expresidente Uribe Vélez explicó en su cuenta de X que desde el inicio del proceso propuso un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que fue fijado en $120.000.000 por hectárea. En sus palabras: “Desde el principio dije que se vende a un precio muy inferior al avalúo catastral de San Carlos, que lo pusieron en 120 millones por hectárea”.

El líder político detalló que la oferta comprende dos predios: uno en el municipio de San Carlos, denominado El Porvenir 2, que cuenta con avalúo, y otro en el corregimiento El Cerrito, de Montería, cuyo análisis de valor aún está pendiente.

Sobre el predio El Porvenir 2, el exsenador compartió la información remitida por su abogado, que señaló: “Tiene un avalúo catastral reciente, que los propietarios han considerado excesivo y han presentado las respectivas reclamaciones. El Dr. Álvaro Uribe acudió directamente a las oficinas del Igac en Montería, explicó las razones para objetar ese avalúo y expuso que así las cosas tendría que ser vendido al Gobierno”.