Una operación conjunta de las autoridades permitió la desarticulación de una peligrosa red criminal dedicada al hurto y la extorsión en Ipiales, ciudad fronteriza entre Colombia y Ecuador y un corredor estratégico para el comercio, el transporte y el tránsito de mercancías en el sur de Nariño.
Tras varios meses de investigación y una ofensiva coordinada entre la Fiscalía, el CTI, el Gaula Militar y la Policía Nacional, 16 personas fueron judicializadas por su presunta participación en una organización que, según las autoridades, alcanzó a robar vehículos, objetos de valor y dinero por más de 1.000 millones de pesos.
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La estructura delictiva, conocida como Los Valentinos, operaba con un método que generó zozobra entre comerciantes, transportadores y residentes de la región: luego de robar automotores, contactaban a las víctimas para exigirles sumas millonarias a cambio de la devolución de los vehículos, según el medio Radio Ipiales.
La extorsión se volvió una práctica frecuente en la zona, según precisó la Policía, que ya venía recibiendo múltiples denuncias sobre el incremento de este delito.
El coronel John Jairo Urrea, comandante del Departamento de Policía Nariño, aseguró que la intervención representa “un golpe directo contra las estructuras criminales que venían afectando a la comunidad de Ipiales, reduciendo su capacidad para continuar realizando actividades delincuenciales como extorsiones, hurtos de vehículos y afectaciones a la población comerciante y transportadora”, de acuerdo con El Tiempo.
El oficial confirmó que los detenidos registran antecedentes por hurto, porte ilegal de armas y extorsión, entre otros delitos.
Un entramado criminal que crecía en la frontera
De acuerdo con la investigación, Los Valentinos habían consolidado un sistema delictivo que combinaba los hurtos de vehículos con secuestros cortos, intimidación armada y engaños a partir del uso ilegal de uniformes e insignias policiales.
Uno de los hechos más graves ocurrió el 8 de febrero de este año, cuando varios miembros de la banda ingresaron a un establecimiento comercial haciéndose pasar por agentes de la Sijín.
Con armas de fuego redujeron al personal y se llevaron una caja fuerte y otros objetos de valor, un episodio que elevó las alertas entre las autoridades, de acuerdo con los medios citados.
El hallazgo de máscaras, falsas órdenes de allanamiento y prendas con distintivos policiales confirma, según la Fiscalía, que la estructura recurría a la suplantación para ingresar a viviendas y locales sin levantar sospechas.
Este modus operandi facilitaba tanto los hurtos como la captación de información clave sobre bienes de alto valor que podían convertirse en futuros objetivos.
Trece allanamientos y un arsenal incautado
La operación que permitió capturar a los presuntos integrantes de la organización se llevó a cabo mediante trece diligencias de registro y allanamiento en diferentes barrios de Ipiales.
Allí se incautaron elementos fundamentales para el proceso judicial: dos equipos portátiles, diecisiete celulares, dos armas de fuego tipo revólver calibre 38, una pistola traumática, munición, treinta millones de pesos en efectivo, seis motocicletas, un automóvil y un DVR que contenía grabaciones relevantes.
Según la Fiscalía, la evidencia técnica recopilada será determinante para reconstruir los desplazamientos de la banda, las rutas de los vehículos robados y las comunicaciones internas en las que se coordinaban los cobros extorsivos.
Una fuente del CTI señaló que la estructura operaba con roles definidos: unos ejecutaban los hurtos, otros custodiaban los vehículos y un tercer grupo se encargaba de contactar a las víctimas para exigir el dinero.
Los capturados no aceptaron los cargos
De los dieciséis procesados, once fueron detenidos mediante órdenes judiciales y cinco fueron notificados en centros penitenciarios, donde ya cumplían condenas por otros delitos. Todos recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza la investigación.
La Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión agravada, secuestro simple, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y utilización ilegal de uniformes e insignias.
Aunque ninguno aceptó los cargos, las autoridades sostienen que la evidencia reunida y los testimonios de las víctimas permitirán sostener las imputaciones ante los jueces.
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