Hay polémica en Colombia por un documento emitido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) en el que solicita información a los medios de comunicación sobre sus políticas internas, directrices y prácticas. Esto, con el fin de “evitar sesgos o favoritismos hacia personas, sectores o partidos políticos en la cobertura informativa”.
El expresidente Álvaro Uribe se pronunció al respecto en su cuenta de X, compartiendo una noticia sobre el tema e insinuando una presunta práctica de censura por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro.
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“(En la libertad democrática se puede discrepar del periodista, del medio también, alegar con ellos, pero nunca censurar) ¿Intromisión en la prensa? Gobierno Petro pide a medios revelar políticas editoriales y genera alerta”, escribió el exmandatario en su cuenta de X.
El primer mandatario rechazó las insinuaciones del ex jefe de Estado, asegurando que no ha solicitado hacer una evaluación de las editoriales de los medios de comunicación. En consecuencia, advirtió al expresidente Uribe que, en caso de no rectificar lo escrito en su publicación, podría recurrir a acciones legales.
“Dije que no volvería a polemizar con condenados por respeto a la juez. ¿Pero cuando pedí examinar editoriales? Lo pregunto para que evite una denuncia de nuevo por calumnia, ¿puede rectificar esta calumnia? (sic)”, señaló.
El ex jefe de Estado respondió a las afirmaciones y cuestionamientos de Petro, asegurando que es mejor que se enfrente a otros políticos de talla mundial, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Tiene razón el Pte Petro, para qué va a discutir conmigo, él “merece” enemigos grandes como el Presidente Trump”, señaló.
¿Qué dice el requerimiento de la CRC?
El polémico documento por el cual se señala al Gobierno nacional de intentar censurar a la prensa colombiana precisa varias solicitudes de información a los medios:
- Políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para difundir información imparcial, objetiva y veraz.
- Manuales, guías, reglamentos, procedimientos o protocolos editoriales vigentes.
- Documento en el que se indique cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, con soportes documentales de consejos editoriales que den cuenta de la toma de esas decisiones.
- Documento en el que se informe sobre las medidas implementadas para diferenciar los contenidos que constituyen información, opinión y publicidad.
“El incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”, aclara la carta de la comisión.
La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó la solicitud de información por parte de la CRC a los medios, advirtiendo una posible extralimitación de su mandato y una presunta vulneración de la libertad de prensa y la reserva periodística. Asimismo, explicó que pedir datos relacionados con los mecanismos de decisión editorial que adopta cada medio sí afecta a la prensa y su trabajo.
“Constituyen una forma de censura indirecta. Primero, porque en esos espacios pueden discutirse temas amparados por la reserva de fuente, protegida constitucionalmente. Segundo, porque exigir su entrega afecta la autonomía editorial y genera un efecto inhibidor sobre la deliberación interna”, expuso la Flip en un comunicado.
CRC aclaró de qué se trata el requerimiento: negó querer sancionar a los medios
Luego de que se generara la controversia alrededor de la carta, la comisión se pronunció explicando el alcance que tiene el requerimiento. Según expuso, se trata de una petición que permitirá conocer el estado actual de la imparcialidad y el pluralismo informativo en Colombia.
Esta información permitirá establecer estrategias regulatorias orientadas a “promover un entorno mediático cada vez más transparente, diverso y respetuoso de los derechos de las audiencias”.
Así las cosas, aclaró que no pretende sancionar a la prensa o exigir información de carácter confidencial de los medios de comunicación. “Esta solicitud no corresponde a una actuación administrativa sancionatoria, sino a un ejercicio de carácter informativo y analítico desarrollado en el marco de sus competencias legales (…). No implica la entrega de documentación reservada o confidencial”, detalló.
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