La reciente descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos, que argumentó que el Gobierno Petro no ha cumplido con sus compromisos relacionados con la lucha contra el narcotráfico, volvió a poner sobre el tintero el debate sobre la extradición de nacionales vinculados al narcotráfico.
Desde su cuenta de X, la exfiscal Angélica Monsalve propuso que el país prohíba la extradición de ciudadanos colombianos por delitos relacionados con el tráfico de drogas, de modo que sean procesados y cumplan condena en cárceles nacionales.
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“Colombia debe ir pensando en PROHIBIR LA EXTRADICIÓN de sus nacionales por narcotráfico, para que estos sean juzgados por jueces de la República y recluidos en cárceles de nuestro país. Ello, por el principio de la reciprocidad”, argumentó Angélica Monsalve
Monsalve, que se desempeñó como fiscal anticorrupción en Bogotá, sostuvo que el estatus de certificación o descertificación otorgado por Estados Unidos no ha generado cambios sustanciales, ya que el fenómeno del narcotráfico no solo persiste, sino que se ha intensificado.
“Da igual que Colombia esté CERTIFICADA o DESCERTIFICADA en la lucha contra las drogas por parte de los EEUU porque el problema igualmente sigue existiendo e incluso se ha agravado”, aseguró la exfiscal.
Estados Unidos es “parte central del problema”, dice la exfiscal
Para la exfiscal, la raíz del problema reside en el papel central que desempeña el propio Estados Unidos, país que, según sus palabras, es el mayor consumidor mundial de cocaína, metanfetaminas, heroína y fentanilo. Monsalve argumentó que la elevada demanda estadounidense es el motor que impulsa la oferta masiva de drogas desde Colombia, México y Perú.
La exfiscal enfatizó que los carteles criminales se ven fortalecidos por los pagos que se realizan en Estados Unidos y que luego retornan a América Latina, lo que alimenta la violencia, la corrupción y la expansión de las redes delictivas. Este flujo de recursos tiene un impacto directo en territorios como Colombia, donde la criminalidad asociada al narcotráfico se agrava.
Monsalve también advirtió que el sistema financiero estadounidense ha sido vinculado a operaciones de lavado de activos en bancos y paraísos fiscales bajo su jurisdicción, lo que contribuye a la perpetuación del ciclo delictivo.
Armamento, otro punto central de la propuesta de Monsalve
Otro aspecto destacado por Monsalve es el origen de muchas de las armas utilizadas por los carteles en México y Colombia. Según la exfiscal, el acceso sencillo a armas de alto poder provenientes del mercado estadounidense incrementa la violencia asociada al narcotráfico en la región.
Esta disponibilidad de armamento, sumada a la falta de controles efectivos, agrava la situación de seguridad en los países productores y de tránsito. Desde la década de 1970, programas como la llamada “guerra contra las drogas”, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida han priorizado estrategias militares y represivas en detrimento de políticas sociales y de salud pública.
Monsalve sostuvo que esta orientación ha resultado en un aumento de la violencia en América Latina, sin que se haya logrado una reducción significativa ni en la producción ni en el consumo de drogas.
La exfiscal subrayó que, pese a la promoción de la persecución internacional del narcotráfico por parte de Estados Unidos, el país no reconoce abiertamente la gravedad de su crisis interna de consumo, que provoca cerca de 100.000 muertes anuales por sobredosis de opioides y fentanilo, una cifra que supera ampliamente la de los países productores.
Monsalve también advirtió que Estados Unidos no admite la magnitud de las grandes redes de distribución de drogas que operan en su propio territorio. Entre los motivos que expone para cuestionar el esquema actual, destaca la ausencia de radares y de una comunicación real por radio entre países, lo que a su juicio perpetúa un escenario en el que la violencia y la corrupción continúan creciendo, mientras que el consumo y las redes internas estadounidenses permanecen al margen del debate global sobre el narcotráfico.
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