El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, celebró la expedición de las primeras sentencias restaurativas dictadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra excomandantes de las Farc en Colombia.
El pronunciamiento se conoció mediante un comunicado oficial difundido por el portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric.
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En el texto, la JEP comunicó que, después de sentenciar a exmiembros de las Farc, en los próximos días se darán a conocer las primeras sanciones dirigidas a exintegrantes de la fuerza pública.
Según el comunicado, estas resoluciones forman parte de un mecanismo de justicia transicional cuyo eje es el esclarecimiento de la verdad, la rendición de cuentas por los crímenes más graves y la reparación a las víctimas del conflicto armado.
La ONU resaltó que las sentencias deben ejecutarse con pleno respeto a los derechos de las víctimas y de acuerdo con los estándares internacionales, así como mantener la colaboración con la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
El comunicado destaca la importancia de que las víctimas sigan siendo el centro de los esfuerzos gubernamentales y estatales para consolidar el proceso de paz.
La declaración oficial reafirmó el compromiso de la Misión de Verificación de la ONU para asistir en la implementación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Guterres reiteró el respaldo internacional a la consolidación del acuerdo de paz y ratificó que las víctimas de la violencia deben permanecer como el eje fundamental en la aplicación de las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, tanto en el caso de las Farc como en el de los antiguos integrantes de la fuerza pública.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó sanción contra siete antiguos dirigentes del secretariado de las Farc como responsables de más de veinte mil secuestros ocurridos durante el conflicto armado colombiano. El tribunal determinó la pena máxima autorizada por el Acuerdo de Paz, equivalente a ocho años.
Entre los sentenciados figuran Rodrigo Londoño Echeverri (conocido como ‘Timochenko’), Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’), Jaime Alberto Parra (‘El médico’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’) y Rodrigo Granda Escobar (‘Ricardo Téllez’ o el ‘Canciller de las Farc’).
El pronunciamiento judicial se produjo el 16 de septiembre de 2025. La decisión reconoce la gravedad de los delitos y dispone que los exmiembros del secretariado cumplan la sanción bajo condiciones definidas por la justicia transicional, más allá de los sistemas penitenciarios ordinarios. Así lo explicó el magistrado Alejandro Ramelli, quien subrayó que la función central de la JEP consiste en sentenciar promoviendo la reparación y reconciliación social, no concentrándose únicamente en el castigo.
El documento de la resolución se extiende a lo largo de 663 páginas y se considera un hecho relevante para los procesos de justicia transicional en Colombia. Durante la presentación del fallo, Ramelli detalló la importancia de las voces de 4.200 víctimas reconocidas como fundamentales para la investigación.
El magistrado resaltó que la decisión da respuesta a las exigencias de las víctimas directas, así como de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional que observan el proceso. En sus declaraciones destacó el impacto persistente que ha dejado la violencia, manifestado en los relatos de las personas que padecieron secuestros y otras formas de afectación.
Ramelli también enfatizó que la sentencia representa un progreso en el respeto a los derechos y en el reconocimiento a quienes han sufrido pérdidas o aún esperan verdad y justicia, incluyendo a madres que buscan a sus hijos y comunidades afectadas por el conflicto.
Por su parte, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la sanción podría ser evaluada por instancias internacionales si se comprueba que no garantiza una restricción adecuada de la libertad. La directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus, puntualizó que el mecanismo de vigilancia anunciado por la JEP presenta dudas, ya que no define claramente si existirá un perímetro territorial limitado o el uso obligatorio de brazaletes, como lo indica el Acuerdo de Paz.
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