La Procuraduría General de la Nación inspeccionó las instalaciones del Ministerio de Defensa Nacional en Bogotá, con el propósito de verificar las condiciones y procedimientos que rodean el contrato de reparación y mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
El contrato, suscrito bajo el número 012-2024 con la compañía estadounidense Vertol System Company INC, asciende a 32,4 millones de dólares y está bajo la lupa tras presuntas irregularidades reportadas en su ejecución y cumplimiento.
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El valor del convenio corresponde a labores de mantenimiento para tres aeronaves MI-17 y la extensión de horas de vuelo para otros tres helicópteros, con una fecha pactada de finalización para el 15 de noviembre de 2025. Desde su adjudicación, sin embargo, el proceso registró retrasos sustanciales que generaron preocupación tanto en el Gobierno como entre los organismos de control.
El Ministerio de Defensa notificó a la Procuraduría sobre el presunto incumplimiento contractual por parte de la empresa contratista, lo que propició la realización de la visita preventiva liderada por el procurador delegado para la Función Pública, Marcio Melgosa.
En el operativo preventivo del ente de control, conocido públicamente el martes 9 de septiembre, funcionarios de la Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública ingresaron a las dependencias del Ministerio para examinar documentación, formular observaciones preliminares y recolectar información relevante sobre el estado del convenio.
Durante la inspección, se revisaron informes técnicos y financieros proporcionados anteriormente por la cartera de Defensa, así como los soportes sobre pagos, pólizas, garantías y registros de avance.
En la inspección, la Procuraduría aclaró que la diligencia forma parte de acciones preventivas que no implican coadministración ni injerencia decisoria sobre las competencias administrativas de la entidad intervenida. Las recomendaciones y observaciones resultantes no tendrán carácter obligatorio, pero buscan anticipar riesgos y promover la transparencia en la gestión de recursos estatales.
Según explicó el despacho de vigilancia preventiva, la medida responde al interés fiscal y estratégico que tienen los MI-17 en la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, vehículos esenciales en despliegues logísticos, misiones de seguridad y labores humanitarias.
Las preguntas de la Procuraduría
De acuerdo con las comunicaciones oficiales, el Ministerio Público planteó una serie de preguntas exigidas en tres días hábiles al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; la viceministra de Estrategia y Planeación, Angélica Verbel; y otros funcionarios de alto nivel de la cartera.
Entre los requerimientos más relevantes se encuentran los informes técnicos y financieros detallados del contrato, el estado actual de las 19 aeronaves (cuántas están en operación, en mantenimiento o fuera de servicio), copia de todas las pólizas de cumplimiento y garantías vigentes, y el cronograma de pagos ejecutados por el Gobierno frente al avance contractual.
Especial atención puso la Procuraduría a los detalles sobre el pago anticipado del 50% del valor contractual, equivalente a más de 16 millones de dólares. Solicitó información sobre el monto exacto transferido, la fecha de giro, la cuenta beneficiaria y el plan de inversión presentado por Vertol System Company. Además, pidió evidencia de los controles de supervisión ejercidos sobre dichos fondos y la documentación que respalde el uso adecuado de los recursos públicos.
Otra línea de investigación apunta a la idoneidad técnica y administrativa del contratista. El Ministerio Público solicitó explicaciones sobre la oferta presentada por Vertol System Company INC, sus capacidades operativas y la experiencia acreditada en la reparación de helicópteros MI-17.
Asimismo, se pidió una relación precisa de los repuestos y componentes adquiridos o en proceso de adquisición, junto con los soportes de compatibilidad normativa, trazabilidad y calidad de las partes instaladas o por instalar.
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