La polémica por el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad sigue luego de las reiteradas denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraz, sobre las irregularidades en la formación académica y profesional de la funcionaria.
El nuevo capítulo es por cuenta de una carta que la congresista envió al ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián, para pedir que no se efectúe el nombramiento de la joven oriunda de Valledupar. Los argumentos de Pedraza se fundamentan en su denuncia, radicada ante la Fiscalía General de la Nación, en contra de Guerrero por los delitos de falsedad ideológica en documento público, fraude procesal y falsedad personal.
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En la misiva, la representante mencionó que dichos delitos no solo fueron cometidos por la candidata a viceministra, sino por la Fundación Universitaria San José al otorgarle el título de contadora pública y tecnóloga en gestión contable sin haber cumplido con los requisitos legales para optar por dicha credencial.
Uno de los argumentos que sería la prueba de fuego para comprobar que Guerrero no cumplió con los requisitos legales es la ausencia de sus resultados de las pruebas Saber Pro y Saber TyT, las cuales, según la ley vigente, son requisitos para todos los ciudadanos que quieran recibir un título de formación tecnológica o profesional.
Según la representante, al contrastar los datos de la funcionaria con las bases de datos del Icfes se puede verificar que dichas pruebas no han sido presentadas y que, por consiguiente, la institución de educación superior “faltó a la verdad” al otorgar la credencial de manera irregular sin cumplir los requisitos legales.
“Los títulos suscritos por las autoridades de la Universidad, quienes en delegación para certificar el cumplimiento de los requisitos legales, habrían faltado a la verdad, pues al contrastar la base de datos de acceso público del Icfes se puede evidenciar que esa ciudadana ni siquiera presentó las Pruebas Saber Pro y TyT. Requisito legal indispensable para su obtención, según el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009″, señaló Pedraza.
Adicionalmente, la congresista aseguró que los diplomas obtenidos de manera irregular fueron utilizados por Guerrero para acreditar formación académica para aparentar el cumplimiento de los requisitos legales para ocupar en Viceministerio de Juventudes.
Bajo estos argumentos, la congresista le pidió expresamente al ministro Florián que se abstenga de posesionar a Guerrero en el cargo que busca ejercer una representación de los jóvenes del país en las decisiones gubernamentales. En su solicitud, la congresista incluyó que se deben respetar los principios meritocraticos que rodean el acceso de los ciudadanos a la función pública.
“Considerando esta situación, le pido abstenerse de realizar el nombramiento. Actuar de esta manera es fundamental para preservar el principio de legalidad y la probidad en la función pública”, solicitó la congresista.
Para Pedraza, dicho nombramiento afectaría la credibilidad del servicio público y enviaría un mensaje equivocado a los ciudadanos que se preparan correctamente para aportar al desarrollo del país de manera transparente, por lo que también sería un hecho que suscitaría interpretaciones en contra de lo que pretende promover el Gobierno nacional.
Finalmente, la congresista señaló que su carta no tiene el objetivo de interferir con las gestiones del Ministerio de la Igualdad, sino que pretende ser una “colaboración armónica” entre las ramas del poder público, por lo que su deber como miembro del Congreso de la República es advertir de las irregularidades para evitar consecuencias jurídicas.
“Esta es una oportunidad para que, en el marco de la colaboración armónica entre las ramas del poder público, se solvente esta situación. Es mi deber advertirle de esta irregularidad, con el fin de que se tomen los correctivos necesarios y se eviten consecuencias jurídicas mayores”, concluyó la misiva.
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