Durante la ceremonia oficial celebrada este 7 de agosto, que en 2025 no se desarrolló en el Puente de Boyacá, sino desde Leticia (Amazonas), el presidente Gustavo Petro anunció que a partir del 1 de enero de 2026 todos los soldados regulares del Ejército Nacional, es decir, quienes prestan servicio militar recibirán, un salario mínimo mensual de $1.300.000.
El anuncio se dio en medio de la conmemoración del aniversario número 215 de la Batalla de Boyacá, fecha histórica que simboliza la independencia del país y que tradicionalmente es aprovechada por los gobiernos para hacer pronunciamientos de alto impacto.
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El jefe de Estado señaló que esta decisión ya fue contemplada dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, el cual fue radicado el 29 de julio ante la Cámara de Representantes.
“El primero de enero del año entrante, el presupuesto ya está presentado al Congreso de Colombia: todos los soldados de este Ejército que hoy conmemora 215 años, tendrán un salario mínimo de $1.300.000 pesos (...) nosotros hemos elevado el presupuesto de la fuerza pública para que tengan con qué vivir y sus familias también”, expresó.

El ajuste salarial beneficiará a miles de jóvenes que actualmente prestan servicio militar obligatorio y que, hasta la fecha, según el presidente, reciben una bonificación mensual cercana a los “$300.000″, sin embargo, según lo establecido por el Gobierno, los soldados regulares reciben en 2025 una remuneración mensual equivalente al 70% del salario mínimo legal vigente, lo que corresponde a $996.450.
Presupuesto 2026 contempla aumento para la fuerza pública de Colombia
Paralelamente, el presidente Petro aprovechó su intervención para exponer detalles clave del PGN, cuyo monto total asciende a 556,9 billones de pesos. Esto representa un incremento del 6,5% respecto a los 523 billones aprobados para la vigencia 2025. La administración gubernamental aseguró que esta cifra contempla aumentos importantes en sectores como defensa, educación, salud, infraestructura y programas sociales, incluyendo el salario para los soldados.
Sin embargo, el proyecto presupuestal provocó reacciones encontradas, puesto que una de las principales preocupaciones planteadas por diversos sectores políticos y económicos es que el presupuesto está desfinanciado, tal como ocurrió en 2024. Para cubrir el faltante, el Gobierno tiene previsto presentar a finales de agosto una nueva reforma tributaria con la que espera recaudar más de 26 billones de pesos.

Cabe destacar que, esta situación ya fue enfrentada en 2025, cuando la ley de financiamiento fue archivada por las comisiones económicas del Congreso, obligando al Ejecutivo a expedir el presupuesto mediante decreto.
El mensaje presidencial adjunto al proyecto presupuestal también llamó la atención. En el documento, firmado por el presidente Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, se advierte sobre posibles medidas en caso de que la nueva reforma tributaria no sea aprobada.
“En el caso de que la ley de financiamiento no sea aprobada, o sea aprobada de forma parcial, o su debate continúe en la siguiente legislatura, el Gobierno nacional, como prevé la Constitución Política y el Estatuto Orgánico de Presupuesto, realizará las suspensiones de gasto a las que haya lugar”, se lee en dicho documento.

Advertencia del Gobierno ante posible rechazo de la reforma
Las comisiones económicas del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, no han dado señales de respaldo a la nueva iniciativa tributaria. El antecedente más reciente fue el archivo, el 11 de diciembre de 2024, de la ley de financiamiento que buscaba recaudar 10 billones de pesos para el presupuesto del 2025. A raíz de esa decisión, el Ejecutivo recurrió por primera vez en la historia reciente a un decreto presidencial para fijar el presupuesto nacional.
Durante el mismo discurso en el Puente de Boyacá, el presidente Petro también se refirió al bono pensional para adultos mayores, reiterando su compromiso con este segmento de la población: “Nosotros le hemos pagado a todos los pensionados y el otro año lo vamos a duplicar. Y también le permitiremos a tres millones de viejos ganar el bono pensional”.
La reforma pensional fue devuelta a la Cámara de Representantes tras detectarse vicios de trámite. Aunque el Auto 841 de la Corte Constitucional ordena formalmente su devolución, este aún no fue notificado oficialmente; adicionalmente, durante la última sesión de la Sala Plena, el magistrado ponente Jorge Enrique Ibáñez solicitó a la Presidencia de la República y a la Presidencia de la Cámara allegar 17 pruebas adicionales, lo que indica que el trámite legislativo del proyecto no se reanudará en el corto plazo.

Este conjunto de anuncios y decisiones del Ejecutivo se da en un momento de alta tensión entre el Gobierno y el Congreso. La presentación del nuevo presupuesto, la advertencia de posibles recortes en caso de no aprobarse la ley de financiamiento, y la insistencia en avanzar con reformas estructurales como la pensional, son señales claras del rumbo que el presidente Petro quiere marcar en los últimos años de su mandato.
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