
La jefe del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, municipio del departamento de Antioquia, Fernanda Domicó, mujer perteneciente a la comunidad indígena emberá katío y miembro de la comunidad Lgbtiq+, fue brutalmente asesinada con un arma blanca en horas de la mañana del viernes 25 de julio de 2025.
De acuerdo con las autoridades, el cuerpo fue encontrado a las orillas de una quebrada del municipio con evidentes signos de violencia que representan la sevicia con la que fueron cometidos los hechos.
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El coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de la Policía de Urabá, entregó detalles del hallazgo del cuerpo de la mujer trans: “El cuerpo presenta varias heridas causadas con arma cortopunzante y contundente. La persona fallecida ejercía funciones como comandante del Cuerpo de Bomberos de este municipio”.
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En el lugar hicieron presencia miembro del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para realizar las labores pertinentes y el levantamiento del cuerpo. En el lugar se mantiene la inspección para poder hacer la recolección del material probatorio que contribuya para el responsable del lamentable delito.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, lamentó lo sucedido y ofreció una recompensa millonaria para la persona que brinde información sobre los responsables de los hechos: “Las autoridades deben esclarecer estos hechos. Desde la Gobernación de Antioquia ofrecemos una recompensa de hasta $20 millones por quien entregue información que conduzca al paradero de los responsables de este crimen”.
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Desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, lamentaron el crimen de la funcionaria: “Fue hallada sin vida en la finca La Clara, zona rural de Dabeiba, con múltiples heridas de arma cortopunzante en la cabeza y el rostro. Su asesinato evidencia los altos niveles de riesgo que enfrentan líderes y lideresas sociales en Colombia”.
La Procuraduría General de la Nación por medio de su cuenta de X también lamentó lo ocurrido: “Desde @PGN_COL rechazamos el asesinato de Fernanda Domicó, jefa de bomberos de Dabeiba, Antioquia, lideresa, mujer indígena y trans. Nuestra solidaridad con su familia y los bomberos voluntarios”.
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Por el momento no se han confirmado las causas del suceso, no obstante, no se descarta que haya sido un crimen de odio.
En la zona hacen presencia las AGC/Clan del Golfo, facciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones criminales de la región.

Por medio de la Defensoría del Pueblo, desde el 2023 se había emitido la Alerta Temprana 019, que ponía en peligro el desarrollo de las actividades en territorios que ejercen líderes sociales y defensores de derechos humanos de manera individual y colectiva. Con este crimen aumentan a 92 los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos en Colombia en lo corrido del 2025.
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Situación de líderes sociales en Colombia
En Colombia, organizaciones internacionales y nacionales han registrado un clima de riesgo y amenazas para los líderes sociales. Entidades como la Defensoría del Pueblo, Human Rights Watch y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señalan que las agresiones incluyen homicidios, amenazas y desplazamiento forzado.

La Defensoría del Pueblo ha reportado decenas de asesinatos de líderes sociales cada año, especialmente en zonas rurales donde persisten conflictos armados y economías ilícitas. Según sus informes recientes, regiones como Cauca, Nariño, Antioquia y Putumayo presentan altos niveles de violencia contra estos líderes. Las víctimas son en su mayoría defensores de derechos humanos, líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes.
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Entre las causas identificadas por las organizaciones están la disputa territorial entre grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal, así como la falta de presencia estatal efectiva. Naciones Unidas resalta que la impunidad en estos casos continúa como un factor preocupante.
Grupos como Indepaz, en sus reportes periódicos, documentan cifras de asesinatos y ataques, concordando en la tendencia de vulnerabilidad de quienes defienden los derechos colectivos o denuncian violaciones en sus comunidades.
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