Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas e Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (ICE/HSI) y autoridades francesas, permitió la captura de cuatro ciudadanos colombianos y un francés, señalados de integrar una organización dedicada a la producción y distribución de material de pornografía sexual infantil.
La ofensiva, desplegada en Medellín y Sopetrán (Antioquia), así como en Lille (Francia), reveló que entre los detenidos de nacionalidad colombiana se encuentran tres mujeres, acusadas de involucrar a sus propios hijos en la creación y transmisión de contenido ilegal.
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El cuarto colombiano, un profesor universitario, también estaría vinculado con la manipulación y almacenamiento de este tipo de material.
Por su parte, en Lille fue arrestado Richard Touret, de origen francés, a quien las investigaciones identifican como el principal receptor y consumidor del contenido. Touret, residente en Lambersat, habría girado desde 2019 más de $150 millones colombianos a los productores de ese aberrante material.
Durante el operativo se ejecutaron cinco registros y allanamientos, con un balance de 29 dispositivos de almacenamiento y herramientas empleadas para la elaboración de material fotográfico y en video incautados. Además, las autoridades lograron poner a salvo a cuatro menores de edad, que quedaron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
La organización transnacional registraba ocho alertas activas por parte del Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados de Estados Unidos, debido a la circulación de 852 archivos que documentaban abusos contra menores.
Los señalados enfrentarán cargos por pornografía infantil y proxenetismo agravado. por ello, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad, mientras avanzan los procedimientos judiciales correspondientes en su contra.
Corte de Apelaciones de Chile confirmó expulsión de médico colombiano condenado por delitos sexuales
La Corte de Apelaciones de Santiago (Chile) rechazó la reclamación presentada por un colombiano contra la decisión del Servicio Nacional de Migraciones que dispuso su expulsión del país.
El afectado, un médico cirujano con residencia definitiva en Chile desde 2001, argumentó que había cumplido en 2015 una condena por almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil y que, tras obtener beneficios legales, no podía recibir una nueva sanción por los mismos hechos.
Según los antecedentes, la residencia definitiva de este ciudadano fue cancelada en 2017 y se le ordenó abandonar el país de manera voluntaria. Frente a esa resolución, interpuso un recurso administrativo alegando su arraigo en Chile, su rol de sostén económico y emocional de su madre anciana y el impacto que tendría su expulsión sobre su familia, particularmente alegando la supuesta vulneración de su derecho a la unidad familiar y la aplicación de una doble sanción, tanto penal como migratoria.
El Servicio Nacional de Migraciones, por su parte, justificó la expulsión por los antecedentes penales que presenta el solicitante: la condena definitiva de 2015 por almacenamiento malicioso de material pornográfico infantil y una causa adicional por tenencia ilegal de armas con suspensión condicional del procedimiento.
La autoridad sostuvo que la revocación del permiso de residencia y la orden de salida del territorio nacional se dictaron conforme a la normativa vigente y a las facultades legales de la institución. Además, desestimó que los vínculos familiares constituyan un impedimento suficiente para evitar la medida, considerando que la conducta delictiva del extranjero influyó directamente en la situación actual de su familia en Chile.
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