El presidente de la República, Gustavo Petro, emitió un contundente mensaje dirigido a la organización Human Rights Watch (HRW), tras las críticas que esta formuló respecto de la convocatoria a una consulta popular mediante decreto presidencial.
“Oigan, respeten. La constitucionalidad o no, es la decisión de una nación y un pueblo soberano, no de una organización extranjera”, fue la respuesta de Petro en sus redes sociales, luego de conocerse la postura de HRW frente al polémico decreto.
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La controversia surgió luego de que Human Rights Watch, a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, señalara que “la convocatoria a consulta popular vía decreto sin concepto previo favorable del Senado es inconstitucional. Confiamos en las instituciones -Consejo de Estado, Corte Constitucional y Registraduría- que deberán proteger el Estado de derecho. Cuentan con nuestro apoyo”.
En respuesta, Goebertus reafirmó la posición de la organización y advirtió al mandatario: “Pdte Gustavo Petro. La decisión en última instancia será de la Registraduría y altas cortes. Usted deberá respetarla. Su decreto contradice la Constitución y con ello atenta contra el Estado de derecho. En este proceso, están en juego obligaciones internacionales de Colombia”.
El decreto presidencial al que hace referencia esta polémica es el número 0639 de 2025, firmado por Gustavo Petro y la mayoría de los ministros de su gabinete. Dicho decreto convoca a la realización de una consulta popular, cuyo objetivo es someter a consideración de los ciudadanos asuntos clave de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
Cabe recordar que el 4 de mayo, la iniciativa de consulta popular fue sometida a votación en la plenaria del Senado, donde finalmente se hundió al no alcanzar el respaldo necesario. Ante el fracaso en el Congreso, el presidente decidió avanzar mediante decreto y presentó el decreto que formaliza la convocatoria.
La medida fue radicada en la tarde del jueves 12 de junio de 2025 ante la Corte Constitucional para su revisión, y el viernes 13 de junio en la Registraduría Nacional del Estado Civil, en cumplimiento de los trámites establecidos en el ordenamiento jurídico colombiano. Según el decreto, el Ministerio del Interior debía comunicar oficialmente al registrador nacional la convocatoria para que este adoptara las medidas pertinentes de organización y ejecución.
Partidos políticos piden frenar la consulta popular
La decisión presidencial no solo generó reacciones desde organizaciones internacionales como Human Rights Watch, sino también en el ámbito político nacional. Nueve partidos políticos —Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Liberal y Nuevo Liberalismo— enviaron una solicitud formal al registrador nacional, Hernán Penagos, para que se abstenga de aplicar el decreto.
En el documento, los partidos argumentan que el Decreto 0639 de 2025 “carece de sustento jurídico y contradice el orden constitucional”. Consideran que vulnera principios fundamentales de la Constitución Política y, en consecuencia, invocan la potestad del registrador de inaplicar la norma por inconstitucionalidad, “conforme lo permite el artículo cuatro” de la Carta Magna.
“En el mencionado acto administrativo en el artículo 6 se ordena que por conducto del Ministerio del Interior se comunique al Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria de la Consulta Popular dispuesta en el decreto, con el objeto que adopte las medidas pertinentes (...)“, señala la solicitud calificada como de “carácter urgente”.
Mientras el presidente Petro insiste en que la decisión sobre la constitucionalidad de la consulta corresponde a la Nación y sus instituciones, las voces críticas aseguran que el decreto presidencial es un camino que desvirtúa los procedimientos establecidos y amenaza el orden democrático.
Ahora, serán la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Registraduría los órganos llamados a pronunciarse sobre la legalidad de esta convocatoria y su viabilidad dentro del marco de la Constitución colombiana. El país se encuentra a la espera de las decisiones de estas entidades, que deberán resolver un asunto que no solo tiene implicaciones jurídicas, también políticas para el futuro del Gobierno y del sistema democrático.
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