Una imagen compartida por el exembajador Moisés Ninco Daza generó una serie de críticas en plataformas digitales tras revelar que viajó junto a varios influenciadores en una aeronave oficial de la Policía Nacional.
El destino fue Barranquilla, donde se llevó a cabo un acto público de respaldo al presidente Gustavo Petro, días después del archivo en el Senado de la propuesta de consulta popular.
El hecho motivó a varios usuarios y figuras del periodismo a cuestionar el empleo de recursos oficiales en lo que fue una movilización masiva de carácter político.
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La periodista Luz María Sierra escribió en su cuenta de X: “¡Qué tal esto! El gobierno Petro quemó todas sus naves para el evento de Barranquilla. ¿Uso de recursos públicos?”. Esa afirmación dio pie a una respuesta directa por parte del jefe de Estado en la misma red social.
“Hermana Luz María Sierra, periodista, nosotros no llevamos en las aeronaves oficiales, traquetos, sino periodistas. A los primeros no le causó a usted extrañeza, a los segundos sí”, escribió el presidente Gustavo Petro en su perfil.
La discusión se centró en la utilización de un avión institucional de la Policía para transportar a los creadores de contenido, quienes han mostrado afinidad con el gobierno.
Según informó la revista Semana, la Policía Nacional confirmó la realización del vuelo, explicando que este se llevó a cabo en virtud de un convenio interadministrativo existente con el Ministerio del Interior.
Las críticas aumentaron debido a que el uso de este tipo de aeronaves está tradicionalmente destinado a misiones de carácter oficial y al transporte de altos funcionarios del Estado.
El traslado de ciudadanos no investidos con cargos públicos, especialmente en el contexto de un evento con fines de respaldo político, provocó dudas en torno a la legalidad y pertinencia del hecho.
La presencia de los influenciadores en la capital del Atlántico coincidió con una concentración masiva organizada por diversos sectores sociales.
El acto tuvo lugar en el Paseo Bolívar de Barranquilla y reunió a representantes de comunidades indígenas, sindicatos, estudiantes y organizaciones campesinas. Todos ellos se congregaron en respaldo a la iniciativa de consulta popular impulsada por el Ejecutivo, luego de que esta fuera hundida en el Congreso.
Durante el evento, los participantes expresaron su apoyo a las reformas propuestas por el Gobierno nacional, en particular aquellas relacionadas con derechos laborales. La convocatoria fue interpretada por distintos sectores como una muestra de fuerza política tras el revés legislativo en el Senado.
En medio del debate, distintas voces en redes sociales insistieron en que el uso de medios estatales para transportar personalidades no gubernamentales puede sobrepasar los límites de lo permitido en actividades con componentes proselitistas.
Las críticas apuntan a que estos recursos deben ser reservados para el cumplimiento de funciones estrictamente institucionales y no estar al servicio de fines que puedan interpretarse como promoción política.
El traslado de los influenciadores se habría gestionado a través del Ministerio del Interior, según lo mencionado por fuentes institucionales citadas por medios nacionales. El convenio con la Policía, de carácter interadministrativo, fue el soporte legal para autorizar el vuelo. Sin embargo, no se ha conocido hasta el momento si dicho convenio especificaba las condiciones del traslado ni si se hizo una evaluación del uso del recurso.
Pese a las críticas, el presidente Petro sostuvo su posición y utilizó su red social para subrayar que en los vuelos del gobierno se transportan periodistas, y no personas vinculadas con actividades delictivas. La afirmación fue hecha como parte de su respuesta a Luz María Sierra, quien anteriormente había cuestionado el despliegue logístico en Barranquilla.
Esta controversia se suma a otras que han surgido en el contexto de las movilizaciones sociales organizadas por el Ejecutivo tras decisiones adversas en el Congreso. Aunque el acto en Barranquilla no fue promovido como una actividad de campaña, sí fue interpretado como una manifestación de respaldo político al presidente, en un momento clave para sus reformas.
Hasta ahora, no se han anunciado investigaciones formales sobre el uso de la aeronave ni pronunciamientos de organismos de control respecto al cumplimiento de los procedimientos establecidos. El tema continúa generando reacciones tanto en la opinión pública como en el ámbito político nacional.
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