El 19 de mayo de 2025, el presidente de República, Gustavo Petro, volvió a radicar en el Congreso la consulta popular, una iniciativa para que los colombianos decidan en las urnas si se aprueban varios puntos de la reforma laboral.
El nuevo texto incluye cuatro preguntas en torno a la reforma a la salud y otras propuestas clave que la actual administración busca implementar en el territorio nacional.
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Con respecto a la nueva estrategia del Gobierno Petro, la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paola Holguín denunció “al Ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, en su calidad de Ministro Delegatario, y a los restantes 18 ministros que firmaron la nueva solicitud de concepto al Senado de la República para convocar una Consulta Popular, como coautores de los delitos de Prevaricato por Acción y Abuso de Función Pública, tipificados en los artículos 413 y 428 del Código Penal”, afirmó en un comunicado dirigido a la opinión pública.
De acuerdo con la querella de la congresista, los decretos de delegación, 506 y 528 de 2025, no incluyeron expresamente “la facultad presidencial contenida en el artículo 104 Constitucional, concordantes con las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, de convocar a Consulta Popular, por lo que el Ministro Delegatario y los demás ministros que suscribieron la solicitud actuaron sin competencia para ello”.
De igual manera, Holguín señaló que “al no contemplarla expresamente en los Decretos de delegación, el Presidente de la República no transfirió jurídicamente la mentada atribución o competencia para impulsar, como lo hicieron los denunciados, una Consulta Popular”.
Así las cosas, sostuvo que el documento que contiene las 16 preguntas de la consulta popular y que contó con los aportes de los altos funcionarios es ajeno a lo establecido por la ley, por lo que todos los involucrados infringieron la normativa colombiana.
“Ello conlleva necesariamente, a que el documento extendido bajo estas particulares circunstancias sea manifiestamente contrario a derecho, lo que entonces permitiría afirmar que, con el mismo acto, todos los denunciados infringieron la normatividad penal por la adecuación de su conducta al punible descrito para el Prevaricato por Acción”, se lee en la misiva.
Asimismo, la legisladora explicó que copia de la denuncia fue enviada a la Procuraduría General de la Nación para que se les investigue disciplinariamente por estos mismos hechos.
Estas son las preguntas de la nueva consulta popular impulsada por el Gobierno:
- ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m.?
- ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?
- ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?
- ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
- ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
- ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?
- ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
- ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
- ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
- ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
- ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
- ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
- ¿Está de acuerdo con que el Gobierno compre o produzca medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
- ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el Adres paguen directamente a hospitales y clínicas?
- ¿Está de acuerdo en un modelo de atención primaria en salud preventivo y resolutivo?
- ¿Está de acuerdo en un régimen laboral especial, que garantice vinculación formal a los trabajadores de la salud y sus derechos laborales, además de un salario justo?
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