Una fuerte respuesta institucional emitió la Defensoría del Pueblo, en cabeza de Iris Marín, frente a declaraciones del secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, en las que señaló que miembros del pueblo indígena emberá podrían estar incurriendo en el “reclutamiento” de menores de edad dentro de la Guardia Indígena.
La entidad rechazó de manera enfática la estigmatización que tales afirmaciones generan, calificándolas como “inaceptables”, y recordó que la Guardia Indígena es una figura legítima reconocida por el ordenamiento constitucional colombiano.
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El pronunciamiento tuvo lugar tras una serie de tensiones derivadas de la presencia de comunidades emberá en inmediaciones del Parque Nacional en Bogotá, debido al desplazamiento forzado motivado por el conflicto armado y las condiciones de extrema vulnerabilidad en las que viven estas comunidades. La situación culminó en la noche del 10 de mayo con un acuerdo entre líderes indígenas y autoridades distritales y nacionales, con acompañamiento constante de la Defensoría del Pueblo.
La institución fue enfática en recordar que la Guardia Indígena no es un grupo armado ni una organización ilegal, sino una estructura legítima de organización interna, reconocida por la Constitución Política de Colombia como parte de los sistemas de gobierno propio de los pueblos indígenas.
El debate tuvo lugar luego de que el secretario Restrepo insinuara la posibilidad de que menores de edad estuvieran siendo “reclutados” por la Guardia Indígena. Aunque posteriormente la Alcaldía de Bogotá, a través del secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, se retractó del uso del término “reclutamiento”, sostuvo que había una “instrumentalización y uso indebido de menores de edad en las vías de hecho”.
Ante esta situación, la Defensoría manifestó su preocupación, aclarando que si bien es deber de los líderes indígenas garantizar el interés superior de la niñez, no puede formularse ninguna equivalencia entre las prácticas culturales de los pueblos indígenas y actividades relacionadas con grupos armados ilegales.
En este sentido, la entidad expresó: “Es inaceptable que el funcionario haya formulado una pregunta que asocia a la Guardia Indígena con grupos armados ilegales”.
En la misma línea, se explicó que los niños, niñas y adolescentes indígenas que hacen parte de las guardias no están siendo entrenados para actividades bélicas, sino que participan en un cuerpo de formación orientado a la pervivencia cultural y organizativa. Estas acciones hacen parte del derecho propio, dentro de una estructura legítima de autogobierno y protección colectiva, lo cual es respaldado tanto por la legislación nacional como por normas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas.
La Defensoría también abordó la responsabilidad de las autoridades frente al trato digno y no discriminatorio hacia los pueblos indígenas asentados en Bogotá. Señaló que el pueblo emberá es víctima del conflicto armado interno y del desplazamiento forzado, y recordó que como ciudadanos colombianos, sus miembros tienen derecho a circular libremente por el territorio nacional y a habitar en cualquier parte del país, incluida la capital.
La entidad indicó: “El racismo estructural y el conflicto armado han puesto al pueblo emberá en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluido el riesgo de exterminio físico y cultural”.
Agregó además que las declaraciones del secretario de Seguridad “denotan desconocimiento de las normas constitucionales que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas y su ordenamiento jurídico propio”.
En este sentido, afirmó: “Es indispensable que las autoridades de Bogotá adopten un enfoque de diversidad cultural y antirracista en la atención. No se trata únicamente de dar acceso a la oferta, sino que las autoridades del distrito reconozcan a los miembros de las comunidades indígenas como verdaderos ciudadanos”.
Respecto al proceso de retorno de las comunidades emberá a sus territorios, la Defensoría fue clara en señalar que este es un derecho y no una obligación. El retorno, en caso de darse, debe ser seguro, digno y sostenible, garantizando condiciones de vida adecuadas para quienes decidan regresar.
Por lo que la entidad reiteró su llamado a todos los actores involucrados —autoridades locales, líderes indígenas y funcionarios del Gobierno nacional— para que se priorice el respeto por los derechos fundamentales, especialmente de la niñez, en cualquier escenario de protesta o manifestación.
“Rechazamos cualquier forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo ha insistido a los líderes de quienes estuvieron concentrados en el parque nacional que ellos, las autoridades y los cuidadores indígenas tienen la obligación de garantizar el interés superior de la niñez”, concluyó el comunicado.
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