Polémica por grupo de ‘influencers’ petristas que tienen contratos por más de 700 millones con el Gobierno: funcionarios y congresistas salieron en su defensa

Un día después de que se conociera la sorprendente cifra que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, ha gastado durante los primeros tres meses de 2025 para contratar a influencers que promuevan su proyecto progresista, las críticas no se han hecho esperar.

De hecho, después de los reparos de varios sectores de la oposición por el gasto de recursos públicos para lo que ellos han denominado como el inicio de la campaña electoral de 2026, varios funcionarios del Gobierno y hasta cabildantes y congresistas del Pacto Histórico salieron en defensa del “batallón” de influenciadores petristas.

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Uno de los primeros en reaccionar fue el director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, que sacó en cara la millonada suma que pagó desde la entidad a los medios privados del país.

“Se aterran porque dentro de una estrategia de comunicación legal, contratar Influencers, todo el gobierno invierta 700 millones para 25 personas en un año, pero omiten que desde DPS pagamos un comercial de 30 segundos por 190 millones a Caracol TV, del grupo de El Espectador”, señaló Bolívar.

Asimismo, una de las más fieles funcionarias del presidente, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, usó su cuenta de X para defender a los creadores de contenido. Incluso, en su mensaje habría enviado una indirecta al Ejecutivo para continuar con la estrategia que, según ella, garantiza la verdad de la información.

"¿A quien de los aquí referenciados no sigo para seguirlos? sea la oportunidad para agradecerles por no dejarnos sumir en la sociedad de la posverdad y la desinformación. Ejercer los derechos fundamentales: a la opinión, a la expresión, a la movilización y al trabajo, en una sociedad democrática no puede ser motivo de persecución ni estigmatización. Toda mi salidaridad para Uds (sic)”, escribió la funcionaria.

Tras la publicación del informe hecho por El Espectador, en el que se mostró que al menos 18 influenciadores fueron contratados en entidades del Gobierno durante los primeros meses del año, la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, culpó a la oposición de una presunta persecución contra los defensores del Ejecutivo.

“Cuántas veces hay que recordarles que la ciudadanía tiene derecho a contratar con el Estado y al mismo tiempo seguir ejerciendo sus derechos, tener cuentas en redes sociales y expresarse, militar en el partido político o en la organización que les venga en gana. Lo que les molesta no es que se contrate a ciudadanos que tienen influencia en redes sociales, lo que les molesta es que sean de izquierdas”, señaló Carrascal en su cuenta de X.

Asimismo, la concejal de Bogotá Heidy Sánchez se despachó contra los medios de comunicación nacionales, tildándolos de “monopolizar” la información y evitar que, según ella, existan nuevas formas de dar a conocer noticias de interés nacional.

“Los medios de comunicación no toleran que las redes sociales les hayan arrebatado el monopolio de la información ni que existan nuevas formas de cuestionar ciertos relatos, rompiendo así con la tendencia histórica que ellos mismos impusieron. Muchas personas se han posicionado en redes sociales y tienen todo el derecho de defender a un gobierno que apoyaron y, por supuesto, ayudaron a elegir. También tienen derecho a trabajar en él, ya que no está prohibido: son profesionales plenamente capacitados para hacerlo, y esto en ningún momento restringe su libertad de expresión”, indicó la cabildante.

Las críticas del oficialismo se dan después de que en la mañana del domingo 6 de abril se conociera que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha destinado más de 1.500 millones de pesos colombianos a la contratación de influenciadores digitales desde agosto de 2022.

Según un informe publicado por El Espectador, esta estrategia forma parte de un plan de comunicación que prioriza el uso de redes sociales y creadores de contenido para promover las iniciativas gubernamentales y participar en debates ideológicos en plataformas como X.

De acuerdo con el medio, al menos 18 influenciadores tienen contratos vigentes con diversas entidades estatales, los cuales suman un total de 731 millones de pesos solo en 2025. Entre las instituciones que han firmado estos acuerdos se encuentran los ministerios de Salud y Minas, el Departamento de Prosperidad Social (DPS), la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el sistema de medios públicos Rtvc y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

El Gobierno Petro ha adoptado un enfoque que coloca a las redes sociales en el centro de su estrategia de comunicación. La cuenta oficial del mandatario en X se ha convertido en el principal canal para difundir mensajes oficiales y posicionar temas clave en la agenda pública. Según El Espectador, esta táctica no solo buscaría amplificar el alcance de las iniciativas gubernamentales, sino fomentar la interacción directa con los ciudadanos y contrarrestar narrativas opositoras.