Por qué sigue impune el caso del perro Ángel, desollado en Boyacá: la investigación fue reabierta

Vivian Nieto Flórez, cuidadora del perro Ángel —que falleció el 18 de febrero de 2025—, dio una entrevista a Noticias Caracol en la que habló sobre las secuelas de salud que le quedaron del 12 de octubre, cuando fue despellejado vivo por un hombre en Saboyá, Boyacá.

La mujer, directora de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, señaló que el caso está en total impunidad y que, hasta hace poco, fue reabierto.

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“No ha pasado nada porque en la Fiscalía nos piden un material probatorio como un video o algo así. Las personas del pueblo de Saboyá le tienen terror a la bestia que lo agredió. Ángel se fue sin tener justicia, pero la lucha de él yo sé que no va a ser en vano y va a seguir salvando miles de animalitos. Hace como dos o tres meses volvieron a abrir el caso. Ha llegado una nueva fiscal a Boyacá que volvió a abrir el caso”, relató, en medio de lágrimas.

El nombre del presunto agresor es Julián Roncancio, que aparece en algunas fotografías vestido con estilo rapero y gorra plana. En redes sociales usuarios piden justicia a las instituciones.

De ahí que el nombre y el caso de Ángel haya sido la motivación del proyecto de ley con el que la senadora Andrea Padilla pide que agresores de animales paguen penalmente por daños infligidos a estos seres reconocidos por la Constitución Colombiana.

Las lesiones sufridas por el canino trajeron como consecuencia varios problemas de salud que acortaron en gran medida su vida, y fue la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo la institución que se hizo cargo de velar por su vida, alimentación y cuidados médicos.

“Ángel se acaba de ir, no hay palabras para agradecer por todos lo animalitos que él rescató, en honor a Ángel la Ley debe ser una realidad, se va de este mundo sin haber tenido justicia, con su agresor sin pagar cárcel, se va de este mundo con mi corazón, me deja devastada, me deja sin él, ayer verlo bien y hoy ya no va a estar más”, escribió, luego de haber estado informando sobre una recaída sufrida por el perro.

La senadora Andrea Padilla se pronunció sobre el fallecimiento de Ángel, solidarizándose con Vivian Nieto y haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer el marco regulatorio que ponga definitivamente en cintura a los agresores de animales.

“Qué dolor tan grande la muerte de Ángel. Su vida y su historia serán, por siempre, el emblema de la lucha por la justicia animal en Colombia. Gracias, Vivian Nieto y Asociación Mi Mejor Amigo por haberlo traído a nuestras vidas. Hoy te abrazo con mi amor de hermana. Sacar adelante la Ley Ángel será mi manera de honrarlo”.

Uno de los casos más emblemáticos en la lucha contra el maltrato animal en Colombia fue el de Ángel, un perro que sufrió un brutal ataque y cuya historia impulsó la creación de la Ley Ángel en 2024. A pesar de que la denuncia fue interpuesta con testigos y datos del agresor, la falta de pruebas adicionales, como un video del hecho, impidió que la Fiscalía actuara de manera contundente, dejando el caso en la impunidad.

Gracias al apoyo de la comunidad y donaciones, Ángel logró sobrevivir tras 15 cirugías, transfusiones y meses de hospitalización. Su caso provocó indignación y movilizó al movimiento animalista, culminando en la aprobación de la Ley Ángel, que endurece las sanciones contra el maltrato animal. “Esta ley representa el esfuerzo ciudadano por garantizar el respeto a los seres sintientes”, declaró la senadora Padilla en su aprobación.

La Ley Ángel no solo busca aumentar las sanciones por maltrato animal, sino que también incluye una serie de medidas que garantizan la investigación y sanción de los actos de violencia en los procesos penales y sancionatorios policiales. “Fortalecer la lucha contra el maltrato animal, mediante acciones que garanticen la investigación y sanción de la violencia contra los animales en los procesos penales y sancionatorios policivos, y ayudar a prevenir estas conductas mediante acciones de sensibilización ciudadana”, se detalla en el proyecto.

Entre las propuestas más significativas se encuentra la prohibición de beneficios penales para quienes cometan abusos sexuales contra animales; pues se establece que, aquellos condenados por maltrato no podrán tener animales durante un periodo que oscila entre los seis y siete años tras su condena.