Luis Francisco Ruiz, actual gobernador del departamento de Caquetá, fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como gerente del Hospital María Inmaculada en Florencia, entre los años 2020 y 2022.
Según informó el ente acusador, los cargos incluyen prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, los cuales Ruiz negó durante la audiencia realizada en el Tribunal Superior de Bogotá.
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De acuerdo con la Fiscalía, los hechos investigados se remontan a hace cinco años, cuando Ruiz dirigía el hospital departamental.
En ese periodo, el ahora gobernador habría modificado de manera irregular el reglamento interno del centro médico, lo que le permitió realizar múltiples nombramientos y gestionar recursos sin la autorización requerida.
El caso se centra en la presunta alteración del reglamento del hospital, específicamente en un acta de la junta directiva que, según la Fiscalía, es falsa.
Este documento habría sido utilizado por Ruiz para justificar la realización de 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre el 31 de agosto y el 25 de octubre de 2022.
Estas acciones, según el ente acusador, se llevaron a cabo sin los permisos correspondientes, lo que constituye una violación a las normativas internas del hospital.
La Fiscalía detalló que estas modificaciones no solo facilitaron los nombramientos, sino que también incluyeron cambios en el artículo 35 del estatuto interno del hospital.
Este artículo, que originalmente requería el aval del gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios, habría sido alterado para eliminar dicha autorización.
Esto permitió que Ruiz gestionara directamente el pago de viáticos con el presupuesto del hospital, lo que derivó en un cobro de 56.357.379 pesos colombianos (aproximadamente 13.000 dólares estadounidenses) por concepto de viajes y comisiones.
La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo en el Tribunal Superior de Bogotá, donde un fiscal presentó los detalles de la investigación y los cargos contra Ruiz. Durante la diligencia, el gobernador negó las acusaciones y no aceptó los delitos imputados.
Según consignó la Fiscalía, los elementos materiales probatorios recabados hasta el momento respaldan las acusaciones contra el mandatario. Entre estos se encuentran documentos que evidencian las modificaciones al reglamento del hospital y los pagos realizados bajo las nuevas disposiciones.
En las próximas semanas, la Fiscalía podría presentar un escrito de acusación formal contra Ruiz, lo que daría inicio a un juicio en su contra. Este proceso podría tener implicaciones significativas tanto para el gobernador como para la administración departamental de Caquetá.
Este nuevo proceso judicial se suma a los antecedentes de controversia que han rodeado la gestión de Ruiz Aguilar. En diciembre de 2024, la Superintendencia Nacional de Salud lo señaló, junto a la exgerente del hospital departamental María Inmaculada, Cindy Tatiana Vargas Toro, de haber intentado presionar al agente interventor suplente, Carlos Julio Ortega Olaya, para que abandonara su cargo.
En ese momento, la entidad advirtió que la intervención del hospital seguía vigente y que cualquier intento por desconocerla carecía de sustento legal.
La intervención del hospital María Inmaculada, ordenada en agosto de 2024 por la Superintendencia, se justificó en presuntas fallas administrativas que ponían en riesgo la prestación de servicios de salud. Sin embargo, el gobernador se opuso a la medida, argumentando que se trataba de una decisión arbitraria y políticamente motivada.
A pesar de sus intentos por retomar el control del hospital, el ente regulador ratificó la legalidad de la intervención y advirtió sobre posibles sanciones para quienes intentaran desconocerla. Ahora, con su imputación por otro caso, el futuro político y jurídico de Ruiz Aguilar queda aún más comprometido.
En su momento, la Superintendencia advirtió que el gobernador estaba tomando acciones por fuera del marco legal y solicitó la intervención de la Procuraduría y la Fiscalía para evitar presiones indebidas sobre el personal administrativo del hospital.
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