En una decisión de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos contra el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, por irregularidades en contratos para servicios odontológicos en el departamento, cuyos pagos superaron los 3.054 millones de pesos.
De acuerdo con el ente de control, el exmandatario cordobés habría girado este monto a instituciones prestadoras de salud -IPS- que no tenían un legal vínculo contractual con la entidad territorial.
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El órgano de control detalló que entre 2014 y 2015, la gobernación expidió nueve resoluciones de pago por servicios prestados a las IPS Maxilofacial de Córdoba, Oralcosta, Odontológica IPS SAS y Mauricio Javier Bermúdez Ramos, sin que hubiese negocio jurídico alguno entre las partes.
“Lo cual se acreditó en las visitas administrativas practicadas a las dependencias de la gobernación y al verificar las resoluciones expedidas”, señaló la Procuraduría en un comunicado.
De igual manera, la entidad de vigilancia consideró que Lyons, en calidad de gobernador, mostró una conducta inapropiada, ya que dejó de ejercer de manera eficaz su deber de vigilancia y control sobre los secretarios de Salud, “pues no les exigió el trámite precontractual y contractual de acuerdo con la normativa aplicable, con la finalidad de realizar los pagos previa celebración de un acuerdo de voluntades entre las IPS y la gobernación, y así recibir a satisfacción los servicios prestados”.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría también confirmó la destitución e inhabilidad de nueve años a los entonces secretarios de Salud, Alexis José Gaines Acuña (2014), Alfredo José Aruachán (2014) y Edwin de Jesús Preciado Lorduy (2015).
“Los investigados tenían la capacidad de conocer las normas previstas para la contratación de servicios en materia de salud y prever que los actos administrativos que reconocían pagos debían estar precedidos del cumplimiento de requisitos”, explicó el organismo de control.
Al quedar firme en segunda instancia, la Procuraduría puntualizó que la sanción contra Alejandro Lyons “procede de manera inmediata, toda vez que el servidor público de elección popular sancionado no se encuentra actualmente en ejercicio del cargo”.
“Por esos hechos, el órgano de control calificó la conducta de los investigados como una falta gravísima cometida con culpa gravísima”, concluyó la Procuraduría en el comunicado.
Segunda sanción contra Lyons por irregularidades en su Gobernación
Esta no ha sido la única sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra Alejandro Lyons cuando ejercía como gobernador de Córdoba.
En octubre de 2023, el organismo de control formuló cargos contra el exmandatario regional, así como al exsecretario de Salud departamental, Edwin de Jesús Preciado Lorduy, por presuntas irregularidades en la contratación de IPS para brindar terapias de neurodesarrollo a niños y niñas diagnosticados con síndrome de Down.
Según el Ministerio público, los funcionarios departamentales no habrían realizado el proceso de selección de la entidad que se encargaría de la atención del servicio para esa población, sino que fueron escogidos por preferencia de Lyons y Preciado Lorduy.
“En el caso del exgobernador Lyons, el Ministerio Público lo investiga por una presunta omisión en su función de control y vigilancia de las distintas etapas de la contratación. Por su parte, Preciado habría sido el encargado de suscribir y verificar la ejecución de los contratos firmados con las distintas IPS”, mencionó la Procuraduría en su momento.
Adicionalmente, el organismo de control explicó que, durante la firma del acta que oficializaba la operación de la IPS escogida por el exgobernador de Córdoba, se fijó el costo de un paquete integral de 100 terapias por paciente, que tenía un valor cercano a los 2.250.000 pesos, sin que se cumplieran los requisitos establecidos por ley.
Dichos hechos representarían una incursión en una falta grave cometida a título de culpa gravísima por parte de ambos exfuncionarios, razón por la cual ahora se someterán a una investigación, además de un juicio disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación.
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