El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció que tres extranjeros que habían sido capturados el pasado 8 de agosto por, presuntamente, contratar los servicios sexuales de tres menores de edad, de 14, 16 y 17 años, fueron dejados en libertad por la justicia.
Gutiérrez manifestó su inconformidad y pidió celeridad a los togados frente al caso. “Como alcalde, ciudadano y padre de familia, no puedo aceptar que en un caso donde hay evidencias del delito de explotación sexual, haya impunidad. En Medellín estamos dando la lucha para proteger a nuestros niños y niñas”, expresó el mandatario en un video publicado en sus redes sociales.
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También, manifestó su temor de que los acusados huyan del país antes de que se emita una orden de captura formal. “No puede ser posible que no tengamos herramientas para evitar que tres ciudadanos extranjeros, que cometieron un delito, se puedan ir del país mientras esperamos tener una orden de captura”, añadió.
No obstante, el Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia envió un mensaje de preocupación ante las declaraciones del mandatario distrital, por lo que invitaron a tomar una actitud de mesura, ya que sus comentarios ponen en riesgo la integridad de los jueces y fiscales del departamento.
“Expresamos nuestra preocupación frente a la reacción ciudadana expresada en redes sociales por la publicación en su cuenta X en la que hace una manifestación de rechazo frente a la decisión jurisdiccional en torno a un caso de presunto abuso sexual que involucra a tres ciudadanos extranjeros, bajo la óptica personal de que el proveído en cuestión entraña impunidad (sic)”, señalaron en el documento.
A su vez, los togados antioqueños recordaron que las decisiones adoptadas “están sometidas a los controles que la ley establece conforme al debido proceso, en aras de salvaguardar no solo la independencia judicial, sino la integridad y el buen nombre de los jueces y los fiscales frente a sus decisiones”.
Después de la denuncia de Federico Gutiérrez, en la mañana del domingo 11 de agosto de 2024, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional recapturaron a dos de los sujetos implicados en el caso de explotación sexual de menores.
Se tratan de Eabith Elías Ortiz Toro, de nacionalidad venezolana, y Owoseni Ridwan Ajishola, de origen norteamericano, este último fue recapturado en Bogotá cuando intentaba tomar un vuelo con destino a Miami desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Entre tanto, Stefan Damian Thys, de nacionalidad estadounidense, el tercer implicado, aún sigue prófugo de las autoridades.
Entre tanto, las tres menores de edad quedaron a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) donde comenzó el proceso de restablecimiento de sus derechos.
Así ocurrió el caso de explotación sexual de menores en Medellín
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de agosto del 2024, cuando habitantes de la zona residencial de El Poblado alertaron a las autoridades sobre el ingreso de tres menores a una vivienda de alquiler. Fuentes enteradas del caso sostuvieron que los hombres pretendían realizar una orgía a cambio de dinero.
Adicionalmente, las autoridades indicaron que estos sujetos les habrían ofrecido 400.000 pesos a estas tres mujeres para que accedieran a sus pretensiones sexuales. No obstante, una de las menores habría hecho un reclamo a los extranjeros por temas económicos, lo que alertó a la comunidad y derivo en la llegada de los uniformados de la Policía al sector.
Tras la denuncia y la intervención, el mismo día se procedió a la detención de los implicados, quienes fueron presentados ante un juez para la legalización de su captura. Incluso, Federico Gutiérrez ratificó que “había existido una transacción económica y eran víctimas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”.
Sin embargo, el 10 de agosto de 2024, un juez decidió dejarlos en libertad, al considerar que no había evidencias suficientes para tenerlos detenidos. Ante ello, el mandatario distrital anunció nuevas medidas legales y la extinción de dominio sobre los inmuebles donde se perpetren delitos sexuales.
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