Por malas condiciones solicitan el cierre del centro de reclusión que funciona en la estación de guardacostas en Buenaventura

La Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta roja y solicita el cierre inmediato del centro de reclusión en la estación de guardacostas de Buenaventura. En una verificación realizada se encontraron condiciones de hacinamiento extremo y brotes de enfermedades que ponen en grave riesgo la salud y seguridad de las personas privadas de la libertad.

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Javier Augusto Sarmiento, procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, no pudo ocultar su conmoción tras constatar las deplorables condiciones en el complejo militar Isla Naval. “En este momento nos encontramos en el complejo militar Isla Naval, en el distrito de Buenaventura, realizando la verificación de las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad preventivamente. Evidenciamos que este lugar no cuenta con las condiciones que garanticen el respeto de sus derechos humanos”, señaló Sarmiento contundentemente.

La situación es alarmante: celdas abarrotadas más allá de su capacidad, falta de ventilación adecuada y escasa atención médica son solo algunos de los graves problemas que aquejan a esta instalación. Los brotes de enfermedades infecciosas no solo afectan a los reclusos, también representan un peligro inminente para el personal de la Armada Nacional que opera en el lugar.

La Procuraduría no ha perdido tiempo y ha solicitado al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Armada Nacional y a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura que tomen medidas urgentes. “Solicitamos al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Armada Nacional y a la Alcaldía del Distrito de Buenaventura que realicen las coordinaciones y acciones necesarias para superar esta problemática. De igual manera, se solicita el cierre definitivo de este lugar de reclusión”, añadió Sarmiento, subrayando la gravedad del caso.

Esta situación ha desatado un llamado a la acción inmediata de las autoridades competentes, que deberán tomar decisiones rápidas y efectivas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la salud de los detenidos. La comunidad y los defensores de derechos humanos están a la espera de una respuesta contundente que ponga fin a esta crisis humanitaria.

Las personas privadas de la libertad tienen derechos que deben ser respetados y garantizados en todo momento, según los estándares establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estos derechos incluyen, pero no se limitan a:

• Derecho a la vida y la integridad física y mental: Las personas deben ser protegidas contra actos de violencia, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de personal penitenciario o de otros reclusos. La excesiva violencia y los brotes de enfermedades en centros de reclusión son serias amenazas a este derecho.
• Derecho a la dignidad humana: Tienen derecho a ser tratadas con dignidad y respeto, sin ser sometidas a humillaciones o degradaciones. Esto incluye evitar prácticas como el hacinamiento, la cual denigra su dignidad.
• Derecho a la salud: Deben recibir atención médica adecuada y oportuna. La falta de acceso a servicios médicos, medicinas y condiciones sanitarias adecuadas pone en riesgo este derecho, especialmente en situaciones de hacinamiento que favorecen la propagación de enfermedades.
• Derecho a la alimentación: Las personas privadas de la libertad tienen derecho a recibir alimentos suficientes y de calidad. La carencia de una dieta adecuada puede poner en grave riesgo su bienestar y salud.
• Derecho al acceso a la justicia: Deben tener derecho a un debido proceso y a la capacidad de presentar quejas sobre las condiciones de su detención sin temor a represalias. La ineficiencia o corrupción en los sistemas judiciales y penitenciarios pueden vulnerar este derecho.
• Derecho a la comunicación con el mundo exterior: Tienen derecho a mantener contacto regular con sus familias, abogados y organizaciones de derechos humanos. La negativa o restricción de este derecho puede llevar al aislamiento social y la violación de otros derechos humanos.
• Derecho a una detención segura y no discriminatoria: No deben ser víctimas de discriminación por razones de raza, género, orientación sexual, religión o cualquier otro motivo. La existencia de segregación y maltrato basado en estas características compromete este derecho.

Situaciones como el hacinamiento, la falta de higiene, el insuficiente acceso a cuidados médicos, las condiciones insalubres, la violencia dentro de los centros de detención y la mala administración penitenciaria ponen en grave riesgo estos derechos. Además, las demoras en los procesos judiciales y la corrupción dentro del sistema judicial pueden tener un impacto negativo significativo en la protección de los derechos de estas personas.