No hubo esquema de seguridad para el director de la cárcel La Modelo, pero sí para los allegados al jefe de la UNP

La Unidad Nacional de Protección (UNP) sigue en el centro de las críticas tras conocerse del asesinato de Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo en Bogotá; y el concejal de San Vicente del Caguán Eduardo Cedeño García, quienes solicitaron protección previamente por amenazas contra su vida y que no fueron atendidas oportunamente.

Sin embargo, la entidad encargada de proteger a personas y comunidades en riesgo en Colombia sumó otro escándalo en las últimas horas al descubrirse supuestas irregularidades en los esquemas de seguridad asignados a empleados administrativos y cercanos al director de la UNP, Augusto Rodríguez.

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Según informó El Colombiano, Rodríguez aumentó su esquema de seguridad personal y el de sus funcionarios más cercanos, asignando vehículos blindados, personal de seguridad y equipos de comunicaciones, sin contar con mínimos estudios de riesgo previos y sin justificación clara.

Pero las irregulares no son nuevas en la UNP, pues desde su creación en 2011 siempre ha sido protagonista de múltiples escándalos. De hecho, hasta el presidente Gustavo Petro anunció en su momento que la corrupción se había tomado la entidad, por lo que apostó por Augusto Rodríguez, exmiembro del M-19 y estrecho colaborador suyo mientras fue congresista, como el nuevo director, con la promesa de desarticular la “mafia” que había en la unidad.

Sin embargo, las promesas del presidente para sanear la entidad empezaron a desdibujarse desde el pasado 10 de marzo de 2023, cuando Rodríguez firmó la directiva “DIR23-0000004″ que reveló el diario nacional y en la cual se asignaron y mejoraron esquemas de seguridad para varios funcionarios administrativos sin justificación suficiente.

Incluso, el esquema de Rodríguez duplicó su personal de cuatro a ocho escoltas e incrementó su número de camionetas blindadas a tres. A otros funcionarios, los más cercanos, también se les proporcionaron vehículos blindados, escoltas, chalecos de protección y cursos de autoprotección, lo que contrasta con la situación del director de la cárcel La Modelo, asesinado el 16 de mayo tras haber recibido amenazas explícitas, pero sin haber contado con un esquema de protección adecuado.

Pero los escándalos no se detienen ahí. Según El Colombiano, existen denuncias de empleados y escoltas por presuntos abusos laborales y maltratos, especialmente por parte de Daniel El Saieh, jefe jurídico de la UNP. De hecho, un escolta denunció que fueron obligados a realizar actividades que no son propias de su labor en seguridad, sino que los convirtió en “choferes” personales.

“Nos hacía recoger a su novia y familiares, ir a hacer mandados”, aseguró una de las presuntas víctimas, quien también aseguró que el funcionario usaba constantes amenazas de despido si se quejaban.

Wendy Nataly Hernández, excontratista de la UNP, también presentó una denuncia por acoso sexual contra El Saieh y aseguró: “también denuncié presuntos actos de corrupción en esa oficina”. Ante las acusaciones, Rodríguez pidió investigar estas denuncias, mientras que otras dos analistas de riesgo reportaron acoso sexual durante misiones de evaluación de seguridad. “Me fotografiaron desnuda desde una rendija mientras me bañaba y esa foto terminó en el estado de WhatsApp corporativo”, sin que el responsable enfrentara consecuencias.

Otro foco de controversia es la inversión en UNP Radio, una emisora creada en agosto de 2023 con un presupuesto de $73.530.667 millones de pesos y que le fue asignado a la empresa “High Quaily Solutions L.A. E.U.”. Para Yesid Barragán, presidente de Asociación Sindical de Empleados de la Protección, la emisora “solo sirve para el autobombo de Augusto Rodríguez”.

La “Línea Vida 103″, lanzada en marzo de 2024, también ha sido criticada por falta de personal y deficiencias operativas. Aunque se han recibido más de 120.000 llamadas, las fuentes internas aseguran que la línea no funciona adecuadamente, mientras que otros tantos opinan que la Policía debería recibir las llamadas de emergencia directamente, no la UNP.

Por su parte, Augusto Rodríguez se defendió de las decisiones relacionadas con su seguridad y la de su equipo, argumentando al medio nacional que “las medidas de protección a los servidores de la UNP vienen reglamentadas desde administraciones anteriores” y añadió que “el Grupo de Control Interno Disciplinario no registra denuncias de abuso de esquemas de seguridad”.

Además, la administración actual argumenta que, tras el atentado fallido contra Rodríguez el 8 de marzo de 2023, fue necesario fortalecer su esquema de protección, aunque las investigaciones sobre el caso apuntan a que el hecho se trató de un robo, pues el presunto sicario portaba un computador que había hurtado minutos antes. Sin embargo, esta misma celeridad no se aplicó en casos como el del concejal Eduardo Cedeño, asesinado en San Vicente del Caguán tras un año de solicitudes de protección sin recibir una respuesta adecuada.

A las numerosas quejas de despilfarro y negligencia se suman otros contratos cuestionados. Entre ellos, el pago de $15.600.000 para la licencia de música de la emisora, un gasto que, según varios funcionarios, es innecesario y carente de propósito claro. El presidente de uno de los sindicatos declaró al medio: “la emisora virtual no funciona bien y nadie la escucha”.