Niños indígenas habrían sido envenenados en Codazzi y no fue la primera vez: en 2018 asesinaron a otros dos por peleas de tierras

La muerte de cinco hermanos del resguardo indígena Yukpa en Codazzi (Cesar) fue catalogada como un homicidio por el Bienestar Familiar y las autoridades indígenas de la región, que renunciaron a sus tradiciones para que la Fiscalía asumiera la investigación del caso debido a que no es el primer hecho de esa índole que se presenta en la comunidad, pue en 2018 ya habían asesinado a otro par de hermanos en medio de una disputa por tierras.

En un comunicado en el que condenan la muerte violenta y por envenenamiento, así como la violencia sexual ejercida contra una niña de los cinco hermanos de Codazzi, la gobernación indígena indicó que el otro hecho ocurrido en 2018 involucró al capataz de una finca que envenenó a dos menores.

“En el año 2018, en la zona Tekuymo del resguardo indígena Iroka, dos hermanos, menores de edad, pertenecientes a este resguardo, fueron envenenados con glifosato por un capataz de una finca aledaña a su asentamiento por conflictos territoriales; conflictos que hoy continúan en territorio ancestral Yukpa debido a la actitud contumaz de la Agencia Nacional de Tierras de no cumplir las se sentencia T-713 de 2017 y T-375 del 2023 emitidas por la Corte Constitucional”, se lee en el comunicado.

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Inicialmente se dijo que los menores de tres y seis años habían muerto tras encontrar dos recipientes de veneno y consumir agua con ellos: “Los menores se pusieron a jugar, manipular y tomar agua con los recipientes de herbicidas dejados por los trabajadores y dueños de la finca el Once. A las 7 de la noche el niño fallece y a las 8: 00 p. m. la niña también, por envenenamiento”, indicaron desde el Gobierno nacional.

Sin embargo, tras una investigación interna, los líderes indígenas de la región determinaron que los menores fueron envenenados por el capataz de una finca ubicada en la vereda el Once del corregimiento de Llerasca, en zona rural del municipio de Codazzi.

Tras eso, un grupo integrado por las comunidades Soku y Tekuymo llegaron hasta la finca, atacaron con flechas a las personas que se encontraban dentro, mutilaron algunas reces y quemaron varios lotes del predio en represalia por la muerte de los menores.

“Esto hace que los papás tomen una reacción al ver sus hijos, y nosotros sí no vamos a negar somos de una descendencia guerrera desde nuestra Ley de Origen, y ellos al ver sus niños muertos arremetieron y quemaron la casa. Nosotros nunca vamos a recuperar esos niños que murieron envenenados (...) Es de resaltar que la muerte de los niños pasó a un segundo plano, tanto para las autoridades como para medios de comunicación local y regional, quienes le dieron solo el alcance a la quema de la finca, reafirmando la estigmatización de todo un pueblo que por su condición cultural de nómada y semi-nómada, amerita un tratamiento particular al estar en riesgo de exterminio físico y cultural”, declaró en su momento Esneda Saavedra, cabilda gobernadora del resguardo Sokorpa.

Los sucesos ocurrieron por un problema de tierras entre el resguardo Iroka y los dueños de la finca, puesto que los indígenas reclaman los predios luego de que la Agencia Nacional de Tierras determinara que les pertenecía, decisión que ha sido ignorada por los propietarios actuales de la hacienda.

“Dicha finca fue solicitada por el pueblo Yukpa desde el antiguo INCODER y hace parte de las aspiraciones de ampliación del resguardo Iroka, fue por ello que la Honorable Corte Constitucional en sentencia ordenó a la Agencia Nacional de Tierras, la ampliación, saneamiento delimitación del territorio ancestral Yukpa; de la misma manera el propio director de la ANT, doctor Miguel Samper, en presencia del Gobernador del departamento del Cesar, funcionarios del Ministerio Público, del Ministerio del Interior, se comprometió a comprar la finca donde ocurrieron los hechos”, aseveró la Organización nacional de indígenas de Colombia.