MinTrabajo señaló que la reforma pensional “empieza a encaminarse”, a pesar de quedarse sin quórum en el Congreso

Tras la suspensión del debate sobre la reforma pensional debido a la falta de quórum, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, expresó su optimismo sobre el avance del proyecto en el Senado de la República y el posible establecimiento de una comisión accidental para concertar la reforma, como propone el senador Alejandro Carlos Chacón del Partido Liberal.

Ramírez destacó que el proyecto “comienza a encaminarse” tras haberse votado tres bloques de impedimentos y anunció la convocatoria para debatir el último bloque. Además, resaltó la proposición de Chacón para crear una comisión que busque consensos entre las distintas ponencias.

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La ministra enfatizó la importancia de que la reforma pensional avance rápidamente hacia la Cámara de Representantes, con el objetivo de ser aprobada en cuatro debates para julio. También identificó los puntos más complicados de concertar, como los umbrales, la gobernabilidad del fondo del ahorro, la configuración del régimen contributivo y los costos de administración.

A pesar de la suspensión y la salida de varios senadores del recinto durante la sesión, Ramírez destacó que existe conciencia entre los legisladores sobre la necesidad de la reforma y expresó su esperanza de que se reconozca el trabajo riguroso realizado hasta ahora.

Por otro lado, el senador Chacón propuso crear una comisión accidental para buscar un consenso entre las distintas ponencias y aplazar el debate por una semana, con la finalidad de alcanzar puntos en común antes de continuar con la discusión.

El debate sobre la reforma pensional se retomará el miércoles, 28 de febrero, a las 11 de la mañana, luego de que se descartara la votación de la moción de censura contra la exministra Astrid Rodríguez y se hiciera presente el Gobierno en la sesión.

El senador Juan Pablo Gallo, representante del Partido Liberal, destacó de manera precisa las alteraciones relacionadas con la edad mínima para acceder a la pensión en los esquemas del pilar solidario y semicontributivo.

Según él, mientras que la reforma aspira a ampliar la cobertura y las transferencias de subsidios, también plantea aumentar la edad de jubilación para las mujeres de 57 a 60 años y para los hombres de 62 a 65 años. “En el pilar solidario se incrementa en tres años la edad para recibir el beneficio”, enfatizó el legislador, subrayando que estas modificaciones se aplicarían igualmente al pilar semicontributivo.

Además, se señaló la eliminación de la opción de acceder al fondo de garantía de pensión mínima con 1.150 semanas, en lugar de 1.300, lo que, según el senador, “significa que se nos va a subir en tres años la edad de pensión”.

Esta situación genera una preocupación especial, ya que podría perjudicar de manera desproporcionada a las personas en situaciones de vulnerabilidad económica.

A pesar de estas preocupaciones, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, asegura que ningún cambio propuesto en la reforma pensional o laboral pretende ir en contra de los intereses de los trabajadores. Sin embargo, estos comunicados no logran disipar las dudas existentes sobre cómo exactamente la reforma impactará a diferentes grupos de trabajadores en Colombia.

Previamente, el presidente Petro había afirmado que durante su gobierno no se modificaría la edad para el requisito de pensión, buscando en su lugar formas de mejorar la cobertura y la cantidad de personas jubiladas. No obstante, las preocupaciones actuales se centran en cómo las modificaciones propuestas podrían divergir de estas declaraciones previas.

Los fondos privados también expresaron su inquietud sobre cómo los cambios en la reforma pensional podrían afectar ciertos beneficios, como la pensión anticipada, aunque el Gobierno aún no ha especificado cómo se ajustarían estos y otros aspectos en respuesta a las reformas propuestas.

Con todas estas consideraciones en juego, es evidente que el diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro, el Congreso de la República y las partes interesadas será crucial para aclarar y, posiblemente, ajustar la propuesta de reforma pensional para garantizar la protección de los trabajadores colombianos, especialmente aquellos de menores recursos.