Están embolatados más de $1,2 billones destinados a construir hospitales: piden cuentas al Ministerio de Salud

Según dio a conocer la procuradora delegada de la Salud Diana Ojeda, la cartera de Estado no tendría registro de los controles y seguimiento a la correcta inversión del dinero

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La Procuraduría le pedirá cuentas al ministerio sobre la inversión de 1,2 billones de pesos - crédito Procuraduría

De acuerdo con el Ministerio Público, la cartera de Estado a cargo de Guillermo Jaramillo giró la suma de dinero en el último trimestre de 2023 y que uno de los objetivos era la adquisición de equipos extramurales, es decir para grupos de médicos que realizan promoción del servicio de salud en las calles.

En medio de las indagaciones, el ente disciplinario estableció que hoy no hay registros ni documentos que detallen la planeación de la inversión, por lo que le pidió al ministerio que aclarara la destinación de los recursos.

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“Esta delegada ha venido haciéndole una serie de requerimientos al señor ministro de Salud, que tienen que ver con la destinación de los recursos del sistema de salud. El último de los requerimientos tiene que ver con más de 1.2 billones de pesos que se distribuyeron en más de 20 resoluciones destinadas a adquisición de equipos básicos a pago de honorarios, a infraestructura a elementos para los hospitales y en la Procuraduría, como estas resoluciones son tan generales y tienen tantas diferencias en materia de los mismos objetos, estamos pendientes de la respuesta que nos pueda dar (el ministerio) para seguir haciéndole seguimiento a los recursos para el sistema de salud”, dijo la procuradora delegada de Salud Diana Ojeda.

La Procuraduría le pidió cuentas al ministro de Salud Créditos Carlos Ortega / EFE y  Sofía Toscano / Colprensa
La Procuraduría le pidió cuentas al ministro de Salud Créditos Carlos Ortega / EFE y Sofía Toscano / Colprensa

De acuerdo con la funcionaria del ente regulador, el giro de recursos inició desde diciembre de 2022 cuando se trasladaron casi $300.000 millones a los entes territoriales para comprar equipos y demás necesidades del sistema de salud, posteriormente se giró la cuantiosa suma de 1,2 billones para los mismos objetivos y en ninguno de los casos se ha presentado informes financieros ante los requerimientos de la Procuraduría.

Así mismo, Ojeda sostuvo que en las resoluciones de los giros no aparecen ni controles, ni planeación de los proyectos a financiar, razón por la cual enviarán a un operador disciplinario al ministerio para que revise las cuentas.

“Desde diciembre 28 del 2022, se trasladaron 49.000 millones de pesos para los equipos básicos extramurales. Después, se trasladaron 249.000 millones de pesos para la construcción de hospitales, equipos extramurales, etc. Y en los tres últimos meses del año pasado, se trasladaron a los entes territoriales 1.2 billones para lo mismo, para comprar ambulancias, construir hospitales, para equipos extramurales y para pagar honorarios. En las resoluciones no aparecen ni los controles ni la planeación y a eso estamos haciendo seguimiento y en su momento se enviará al operador disciplinario”, aseveró.

La procuradora delegada de Salud Diana Ojeda dio detalles de la investigación - crédito rueda de prensa

Hay otra investigación contra el ministerio de Salud

La procuradora delegada de salud indicó que había otra investigación contra la cartera de Estado que tiene que ver con las Unidades de Pago por Capacitación (UPC), dinero que le gira el Estado a las EPS.

De acuerdo con Diana Ojeda, desde el ministerio de Salud también se le ha hecho un bajo seguimiento a esas cuentas, además no ha realizado algunos pagos de los presupuestos máximos, dinero que usan las EPS para comprar los medicamentos que no cubre el plan de salud, lo que a su vez genera gran parte de la crisis financiera por la que atraviesan las entidades promotoras de salud actualmente.

“Tiene que ver con la insuficiencia de las UPC, con el no pago de los presupuestos máximos, con el no pago de los ajustes, todo lo cual está llevando a esta crisis financiera y a la imposibilidad de que las EPS puedan cumplirle a los pre a los proveedores y prestadores para garantizar el derecho fundamental a la salud”, aseveró la procuradora.