La Contraloría General de la Nación encontró presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) durante 2022 y 2023.

Los maestros públicos en Colombia hacen parte de un régimen de salud especial, en el que tanto ellos como el Gobierno nacional, en calidad de empleador, hacen sus aportes a dicho fondo común.

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Luego de realizar dos auditorias de gestión fiscal desplegada para el pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales, a docentes afiliados al fondo y sus beneficiarios; la delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte detectó hallazgos fiscales por más de $351 mil millones.

En total fueron 15 hallazgos los encontrados a Fomag, de los cuales 12 tienen presunta incidencia disciplinaria. Y en las Superintendencia Nacionnal de Salud, se detectaron 4 hallazgos fiscales por $125.669 millones debido a la falta de constitución de reservas técnicas.

De los hallazgos con incidencia fiscal, uno corresponde a la inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos, generando el pago de intereses moratorios por $116.104 millones.

Adicionalmente, por el pago extemporáneo de 5.772 solicitudes de cesantías parciales o definitivas a docentes en 2022, ocasionó sanciones moratorias por $6.706 millones y por el pago inoportuno de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por $2.741 millones.

Así mismo, se evidenciaron mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones mora por $118.338.005.

Durante el segundo semestre de 2023, se adelantó auditoría de cumplimiento en la que se verificó la gestión fiscal desplegada por Fomag entre 2019 y el primer semestre de 2023, en relación con el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y servicios de salud de los docentes del Magisterio.

En dicha actuación, la Contraloría general estableció ocho hallazgos, todos con presunta incidencia disciplinaria, de los cuales seis tienen incidencia fiscal por $225.958 millones, y uno tiene otra incidencia para traslado a la Dian en relación con falta de retención en la fuente por los pagos de laudos.

Respecto a los hallazgos con incidencia fiscal, se evidenció pagos inoportunos de facturas de servicios médicas y asistenciales, los cuales ocasionaron pago de intereses moratorios en 5 laudos arbitrales por $205.577 millones.

Así mismo, se encontró el pago de sanciones moratorias por la cancelación extemporánea de cesantías por $11.089 millones y pago de intereses moratorios por $8.280 millones por el incumplimiento de los términos para el pago de fallos y conciliaciones de sanción mora por cesantías y de fallos de pensiones.

Finalmente, se identificaron 210 pagos de mesadas pensionales posteriores a la fecha de fallecimiento de 19 docentes y beneficiarios por $771.162.871.

Resultado de esta auditoría, la Contraloría estableció “incumplimiento material con conclusión adversa y calificación en rango de ineficiente” para la efectividad de los mecanismos de control interno.

En estos ejercicios de control fiscal, se determinó la presunta corresponsabilidad de Fiduprevisora, así como de las entidades territoriales, por lo que, con los resultados obtenidos, la Contraloría General de la República hizo un llamado para que “se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones reiteradamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos”.

Además, precisó la importancia de que se adopten mecanismos para evitar que se sigan presentando pagos por estos conceptos, “los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”.

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) es una entidad adscrita al Ministerio de Educación cuyo objetivo es “atender el pago de las prestaciones sociales que los entes territoriales reconozcan a los docentes afiliados al Fondo Prestacional”. Dicho fondo no solo recibe los recursos de la salud del magisterio, sino también los aportes a pensiones y cesantías e incluso el pago de la prima.

Esta bolsa es administrada por la Fiduprevisora, una entidad mixta que está adscrita al Ministerio de Hacienda y que contrata mediante licitación pública a los operadores de salud de los profesores.