En el Congreso Internacional de Derecho Disciplinario, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, insistió en la necesidad de hacerle frente a la corrupción, como un fenómeno multidimensional que impacta negativamente en los ámbitos ético, político, económico, social y cultural de una sociedad.
Por esta razón, el funcionario exigió al Gobierno rigor en las normas para combatir dicho flagelo:
“Con un ordenamiento normativo disciplinario fuerte podremos construir una herramienta efectiva para combatir hechos de corrupción. De esta manera, será garantizada la dignidad humana del disciplinado y el debido proceso, ¿y a qué conducirá ello?, a la protección de los derechos humanos desde las ópticas de la prevención y de la potestad sancionatoria”, afirmó Camargo Assis.
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La diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores estatales son pilares de una administración pública efectiva, destacó el defensor: “Sin embargo, cuando se ven comprometidas por actos de corrupción, a la consecuencia jurídica no se le puede dar rodeos: deben ser sancionadas las conductas que atenten contra los deberes inherentes a la función pública”.
Seguido, lanzó una pulla contra la propuesta del Gobierno de Gustavo Petro que pretende eliminar la Procuraduría General de la Nación y reducir los recursos destinados a la Rama Judicial: “Intentar acabar con la institucionalidad, eliminando entidades que resultan fundamentales en la lucha contra la corrupción, es un despropósito que lo único que consigue es fracturar la democracia”.
El papel de la Defensoría y la Procuraduría en la protección de los derechos humanos en casos de corrupción
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, explicó lo que ha significado el papel institucional de la Defensoría en la lucha contra la corrupción. De acuerdo con el funcionario, “parte de nuestra misión obedece a una política pública destinada a advertir los impactos de la corrupción en los derechos de las personas, a empoderar a las víctimas y colaborar con otras entidades del Estado comprometidas con medidas anticorrupción”.
A partir de la identificación de casos de corrupción que violan derechos humanos o representan riesgos de violación, la Defensoría ha implementado acciones encaminadas a la identificación y visibilización de daños causados por este delito y la colaboración estrecha con otros órganos de control para emprender investigaciones disciplinarias, penales o de responsabilidad fiscal.
Es así como el defensor del Pueblo reiteró que la acción conjunta y el trabajo articulado con otras entidades es indispensable para alcanzar una respuesta rápida ante los casos de corrupción.
“Con la Procuraduría General creamos la Comisión Nacional del Ministerio Público para el seguimiento a la Respuesta Rápida y a las Alertas Tempranas, conocida COMPRRAT o Comisión Nacional de Seguimiento. Es una instancia de coordinación y articulación que tiene como objetivo adelantar acciones de funciones preventiva y disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la Nación, así como desarrollar acciones que permitan adelantar un seguimiento periódico al cumplimiento de las recomendaciones que emitimos en nuestras Alertas Tempranas e Informes de Seguimiento”, señaló.
El fin primordial del trabajo articulado entre la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría es lograr que los funcionarios a cargo de atender las recomendaciones emitidas en las Alertas cumplan con sus responsabilidades para que sea evitada la consumación de riesgos contra las comunidades.
“Fortalecer la prevención y la respuesta rápida ante los riesgos y amenazas a los derechos a la vida, a la integridad, libertad, seguridad personal, libertades civiles, políticas, e infracciones al derecho internacional humanitario, como también desarrollar acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones formuladas dentro de las alertas tempranas que emitimos, seguirán siendo algunas de nuestras funciones esenciales”, finalizó Carlos Camargo Assis.
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