Excoordinador de operaciones de la Empresa de Aguas de Bogotá fue sancionado por la Procuraduría

La decisión del organismo de control acarrea la destitución y un periodo de ocho años de inhabilidad general

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La Procuraduría General de la Nación determinó que el exfuncionario presentó información que no concordaba con la realidad referente al cumplimiento del contrato - crédito Colprensa
La Procuraduría General de la Nación determinó que el exfuncionario presentó información que no concordaba con la realidad referente al cumplimiento del contrato - crédito Colprensa

La Procuraduría General de la Nación (PGN) decidió sancionar al ex coordinador de Operaciones de las Empresas de Aguas de Bogotá S.A. E.S.P. Mario Germán Rojas Torres, por irregularidades identificadas en un contrato que alcanza los 15.000 millones de pesos. De acuerdo con el organismo de control, las acciones del exfuncionario responden a una falsedad ideológica en documento público, calificadas como gravísimas a título de dolo.

Rojas Torres fungió como supervisor de un contrato por medio del cual se buscaba instalar una serie de sensores de identificación y unidades de GPRS en los vehículos de la empresa para tener conocimiento de su localización en tiempo real. El contrato en cuestión es el 095 de 2017, que fue celebrado entre la Empresa Aguas de Bogotá y Widetech S.A.S.

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El Ministerio Público explicó que en los diferentes informes referentes al acuerdo firmado entre las partes se evidencia que, en efecto, se hizo entrega de los diferentes equipos pactados: GPRS, sensores y móviles. Sin embargo, en ellos no se anexaron documentos que probaran que el Widetech S.A.S. estaba cumpliendo con sus obligaciones contractuales, eso involucra facturas y certificados que no fueron incluidos en los informes.

Según el organismo de control, el ex coordinador de Operaciones habría consignado información en dichos documentos que no concordaba con la realidad, por lo cual decidió destituirlo e inhabilitarlo por ocho años.

En febrero de 2022, la Procuraduría había formulado cargos en su contra por este caso, argumentando que Rojas Torres habría avalado “de manera irregular el pago de facturas por más de 54 millones de pesos, sin indicar que sus consecutivos eran distintos a los emitidos inicialmente por el contratista”.

Informó entonces que, como supervisor del contrato, el exfuncionario omitió mencionar algo sobre esta situación y que, además, permitió que se hicieran pagos por hechos que no se habían cumplido en los términos establecidos en el contrato. El organismo de control logró identificar estas inconsistencias en las fechas al verificar órdenes de pago y comprobantes de egreso.

“El Ministerio Público adujo que, con su posible actuación, el excoordinador de operaciones pudo causar una afectación a su deber funcional”, sostuvo en su momento el organismo de inspección en un comunicado.

El alcalde de Yopal fue suspendido por la Procuraduría

El alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo, fue suspendido e inhabilitado por un periodo de 12 meses - crédito Alcaldía de Yopal
El alcalde de Yopal, Jorge García Lizarazo, fue suspendido e inhabilitado por un periodo de 12 meses - crédito Alcaldía de Yopal

El 26 de septiembre de 2023, la Procuraduría sancionó al actual alcalde de Yopal (Casanare), Jorge García Lizarazo, por omitir la entrega de bienes al comando de Policía del municipio. Según explicó el organismo de control, los elementos en cuestión fueron dejados en la estación de Policía el 30 de diciembre de 2015, sin un acta formal en el que se constatara la entrega. Además, había faltantes.

“No puede entenderse, desde un punto de vista lógico, que un alcalde de capital de departamento asumiera el control de unos bienes y omitiera realizar el más mínimo registro del destino que les dio, optando por dejar una parte en estado de abandono en la estación de Policía de Yopal”, sostuvo el Ministerio Público.

Las acciones de García Lizarazo fueron calificadas como graves a título de dolo, toda vez que el funcionario tenía como responsabilidad cumplir con lo establecido en el Código Disciplinario Único, bajo el cual se rigen los servidores públicos del país.

Según la normativa, el funcionario debía “vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados”.

Debido a esto, el ente de inspección y vigilancia decidió, en un fallo de primera instancia, suspender e inhabilitar por 12 meses al alcalde de Yopal. No obstante, aseguró que es procedente un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría.

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