El 22 de junio el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma Egea, emitió una carta en la que instaba al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, a que planteara soluciones frente a la retención de salarios y viáticos de algunos trabajadores tercerizados de la entidad.
Tras el llamado de atención por parte de la cartera estatal, la UNP sostuvo que no ha recibido el respaldo suficiente por parte del MinTrabajo y le pidió que fuera justo e imparcial en el caso para resolver la situación de los trabajadores afectados.
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En el documento emitido por el ministerio del trabajo, el viceministro Edwin Palma sostiene: “No ha habido una decisión administrativa ni contractual que permita la solución, los contratistas siguen reteniendo salarios de forma indebida y afectando, no solo los derechos de los trabajadores, sino la prestación del servicio (...) A pesar del paso del tiempo, no hemos podido tener por parte de ustedes una respuesta clara, oportuna y eficaz al problema del pago de viáticos y retención de salarios a los trabajadores tercerizados del programa de protección de la UNP”.
La Unidad Nacional de Protección emitió una respuesta a la misiva del ministerio del Trabajo, expuso que en junio del 2023 solicitó la intervención de la cartera de Estado porque algunas empresas subcontratadas estaban incumpliendo sus obligaciones contractuales y salariales con los trabajadores que prestaban servicios de protección.
Sin embargo, la UNP sostuvo que en vez de recibir respaldo del MinTrabajo, obtuvo oficios en los que se le acusaba del no pago de salarios a sus trabajadores.
“Contrario a lo esperado, la UNP recibe los oficios de la referencia, por el no pago de viáticos y retención de salarios a los trabajadores, por parte de las empresas privadas (Uniones Temporales) a sus empleados, a pesar de que esta administración haya pagado la totalidad de los conceptos que han sido cobrados por las empresas privadas en virtud de los contratos adjudicados para la prestación del servicio”, indicó Augusto Rodríguez, director de la entidad de protección.
Según la UNP, desde la entidad se cumplió con todos los acuerdos económicos y que son las empresas tercerizadoras (Uniones Temporales) son las que incurren en la infracción laboral, reteniendo salarios y viáticos a los escoltas, por lo que no tiene cabida el llamado de atención que realizó el ministerio del Trabajo.
En esa misma línea el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección sostuvo que la culpabilidad de la UNP tiene que ver con la falta de toma de decisiones administrativas que permitan la solución de los problemas salariales de los escoltas, quienes son víctima de la vulneración de sus derechos laborales, lo que a su vez genera problemas en la prestación del servicio de protección a las personas amenazadas y consideradas en riesgo por el Estado.
“Debo reiterar la postura de nuestro despacho en el sentido, de que los trabajadores no pueden estar en medio de una disputa contractual entre la UNP y los contratistas”, concluyó Edwin Palma Egea.
Frente a eso, el director de la UNP dijo que sí han planteado soluciones administrativas al problema que viene desde la existencia del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). De acuerdo con Augusto Rodríguez, una de las salidas que le ha dado la entidad al problema es la formalización de contratos de gran parte de los escoltas.
Rodríguez agregó que el ministerio de trabajo ha mostrado una actitud pasiva frente a las empresas que se han enriquecido a costa de sus trabajadores.
“Es por ello por lo que hacemos un llamado para que el Ministerio de Trabajo, asuma una postura más ecuánime que permita avanzar en una solución rápida y efectiva en favor de los trabajadores, para lo cual estamos en disposición de hallar soluciones que sean avaladas por la cartera a su cargo”, puntualizó el director de la UNP.
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