Ejército detiene a 18 personas por minería ilegal en Bello, Antioquia

Según datos de la Armada, entre 2022 y lo corrido de 2023 hasta finales de abril, las autoridades capturaron a 82 personas involucradas en la minería ilegal e incautaron 11.437 kg de metales (454 kg de oro; 54,2 kg de mercurio; 2.142 kg de estaño; 8.777 kg de coltán y 10 kg de cobre).

Ante esta lucha contra la excavación de minerías ilegales, tropas del Ejército Nacional trabajaron bajo el Plan de Campaña Ayacucho en el municipio de Bello, ubicado al norte del área metropolitana del Valle de Aburrá, en el departamento de Antioquia, en donde lograron la captura de 18 personas que al parecer pertenecían a dos grupos delincuenciales organizados: La Torre y El Pinal.

Según informaron las fuerzas militares, estas personas fueron sorprendidas mientras realizaban trabajos de captación ilícita de minerales en un área de dos hectáreas, en donde se encontró una Unidad de Producción Minera (UPM); es decir, que está regularizada, pero, aun así, es informal, ya que no cumple con las obligaciones y requisitos normativos, y tres excavadoras.

“Con este resultado se logra afectar las economías ilícitas de este grupo delincuencial organizado, por un valor superior a los 900 millones de pesos, igualmente se detiene el daño causado al suelo, las plantas y el desplazamiento de su hábitat natural de animales en vía de extinción.”, reportó la institución.

Con estas actividades mineras se ha afectado, según las fuentes militares, 49.500 metros cúbicos de suelo, que tardarán más de 30 años en recuperarse y también las economías ilícitas de este grupo por un valor superior a los 900 millones de pesos (casi 200.000 dólares).

La Unidad para las Víctimas informó que empezó acciones legales para recuperar dos predios utilizados para la minería ilegal en el Bajo Cauca antioqueño. Se trata de las fincas Mandinga y Marlengo, ubicadas en el municipio de Cáceres.

Así lo informó la entidad nacional:

En la finca Mandinga, el Fondo para la Reparación de las Víctimas encontró que, “sorpresivamente”, se tramitó una licencia ambiental que nunca se le consultó, a pesar de ser el administrador del bien. Asimismo, evidenció que se realiza minería con maquinaria pesada, no artesanal, en excavaciones profundas.

Por otro lado, en la finca el Marlengo, la entidad encontró una ocupación ilegal de alrededor 1.000 unidades habitacionales para casi 5.000 personas, según datos de la Alcaldía de Cáceres, lo que genero una problemática social.

Durante su visita, el Fondo para la Reparación logró reunir a todas las autoridades implicadas y al no contar con las competencias legales para poder frenar estas actividades, solicitó la intervención del Ministerio de Minas, de la Procuraduría delegada para el seguimiento al Acuerdo de Paz, Secretaría de Ambiente de Antioquia, Policía y del Ejército para poder avanzar en la recuperación de los dos predios.

En ese sentido, le exigió a las autoridades ambientales y mineras la información de trámite de licencias ambientales en las dos fincas que hacen parte del inventario de la Unidad para las Víctimas.

Por último, la entidad nacional subrayó que les hizo un llamado a todas las autoridades competentes para entregar todos los informes sobre lo ocurrido en cada uno de los predios y participar en una mesa conjunta de seguimiento para que, como Estado, se puedan encontrar soluciones integrales en favor de las víctimas, pero también de las comunidades afectadas de Cáceres.