Policía de Bogotá ha impuesto 20.000 comparendos en la ciudad por consumo de marihuana: estos son los principales puntos de la reglamentación

La Policía de Bogotá y las autoridades en la ciudad han impuesto 20.506 comparendos durante el 2023 con corte al 14 de mayo por porte y/o consumo de marihuana y sustancias psicoactivas en zonas y espacios públicos. Esta cifra se dio a conocer gracias a RCN Radio tras el fallo de la Corte Constitucional en el que mantuvo la prohibición de consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos como lo son los parques en los barrios.

La resolución permite la regulación de los Consejos distritales y municipales para atender la situación en beneficio de los derechos de los menores de edad, pero también teniendo en cuenta el respeto por el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los adultos. La determinación se conoció en el mes de mayo dejando a las autoridades regionales y a los cuerpos de policía al frente de los consumidores públicos.

El tema ha generado debates en torno al respeto de los espacios públicos para los niños porque algunos sectores ciudadanos destacan que deben establecerse espacios adecuados para este propósito. “En lo personal como padre de familia lo considero inadecuado. Los derechos de los niños priman sobre los adultos. Ahora bien, el hecho de que un adulto fume y tenga derecho a consumir su dosis personal deberá dirigirse a sitios más adecuados, a zonas más boscosas, pero nunca cerca de los niños porque ahí estamos incitando a consumir o a oler”, comentó Manuel Medina, padre de familia ante el medio anteriormente citado.

Hay quienes rechazan y no dan posibilidad de réplica sobre la consideración del permiso condicionado porque opinan que las medidas deben ser más estrictas y enfocadas a la concientización de las afectaciones para adultos y menores. Según Adriana Ortega: “No estoy de acuerdo con el consumo de la dosis mínima en espacios públicos, mucho menos en parques que es el lugar de recreación y esparcimiento de los niños. El gobierno debería implementar leyes más estrictas con relación a este tema”.

Aunque la determinación de la Corte pone como prioridad a los niños para los expertos el debate y las acciones no deberían estar enfocadas en los consumidores sino en los comercializadores que extienden el microtráfico en barrios y zonas residenciales, ya que hasta el momento la venta de droga es un delito.

La Cámara de Representantes aprobó el martes 9 de mayo el uso adulto de cannabis en el país, con 98 votos a favor y 57 en contra, la cámara baja del Congreso de la República dio visto bueno para que el proyecto de reforma constitucional en su sexto debate se convierta en ley. Los dos debates restantes dependen ahora del Senado de la República que tiene como plazo máximo el 20 de julio para aprobarlo, si no se llega a cumplir, la iniciativa se archivará por no cumplir con los tiempos establecidos.

Tras superar el debate, el representante Juan Carlos Losada, uno de los promotores del proyecto agradeció a los congresistas que respaldaron la iniciativa y mencionó en sus redes sociales: “Esta Cámara le ha cumplido a la agenda progresista, liberal, a la agenda de derechos de los colombianos y por supuesto a un nuevo enfoque a la política de drogas, a la fallida guerra contra las drogas en nuestro país”.

El proyecto debe pasar por ocho debates, y lo que buscan sus adeptos es modificar el artículo 49 de la Constitución política, que prohíbe desde 2009 el porte y consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

La finalidad del proyecto es impugnar la prohibición absoluta que impulsó el Gobierno de Álvaro Uribe para, de esa manera autorizar la compra, venta, distribución y comercialización del cannabis y sus derivados para uso exclusivo de los adultos. Eso permitirá, según menciona el artículo que los tributos obtenidos del mercado cannábico sean invertidos en las regiones que han resultado más afectadas por la guerra contra las drogas.

En relación a otros artículos del proyecto, si se aprueba el consumo de sustancias psicoactivas pasará a tratarse como un tema de salud pública. Además, de que garantizará que las personas adictas a ese tipo de sustancias puedan acceder a tratamientos terapéuticos para tratarse. En esta línea el Gobierno nacional tendrá 12 meses como máximo para divulgar una política pública que prevenga el consumo de sustancias psicoactivas.