La Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) incluyó a Alexander González Almario, exintegrante del Gaula del Ejército, dentro del caso 003, en el que se investigan los asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.
De acuerdo con la JEP, la Sala de Reconocimiento profirió el Auto Sub D - Subbcaso Casanare - 055, por medio del cual determinó 296 hechos de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate, atribuibles a algunos integrantes de la Brigada XVI: 22 máximos responsables, además de tres más que no tendrían máxima responsabilidad, “todos ellos individualizados con el fin de que reconocieran o no su responsabilidad”, precisó la entidad.
Entre ellos, González Almario, que según el concepto de la Procuraduría, “existen bases suficientes para (determinar) como máximo responsable por participación, a título de coautor de los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada”.
El sindicado habría sido “bisagra” entre el mayor Gustavo Enrique Soto Bracamonte, que ofició como comandante del Gaula del Ejército de Casanare, y “los terceros civiles para consolidar la modalidad de engaño” al interior de la fuerza.
Así, la Sala, en concordancia con las consideraciones del Ministerio Público, imputó como máximo responsable, a título de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, al soldado González Almario.
“La Sala de Reconocimiento cuenta con bases suficientes que le permiten entender que González Almario desempeñó un rol esencial en el desarrollo y configuración del plan criminal encontrado en la Brigada XVI, el cual fue descrito en el Auto 055 del 14 de julio de 2022″, señaló la JEP en el auto.
El compareciente, detalló la Sala de Reconocimiento, permaneció la mayor parte de su carrera como soldado profesional en la Brigada XVI del Casanare, particularmente, en el Gaula, entre 2001 y el 2008, “lo que conllevó un amplio conocimiento de la jurisdicción de la Brigada por su parte”.
Para la JEP, es claro que sus conocimientos de la jurisdicción de la brigada, de los integrantes de sus unidades tácticas, así como de informantes y guías en el terreno, le permitieron tener un rol activo “en el plan criminal desplegado por los integrantes del Gaula Casanare, durante las comandancias de Wilson Camargo Tamayo y Gustavo Enrique Soto Bracamonte”, remarcó la jurisdicción especial.
El caso de los hermanos Mora
González Almario, oriundo del municipio huilense de Garzón, de 46 años, es investigado por los hechos ocurridos el 6 de abril de 2007 en la vereda Las Tapias de la población de Hato Corozal, en donde se instaló un retén ilegal en la vía que del municipio de Sácama conduce a Paz de Ariporo.
De acuerdo con testigos, detuvieron un vehículo en donde se transportaban un joven y un niño: identificados como Luis Guillermo Robayo Mora, de 25 años, y su hermano, Rubén Darío Avendaño Mora, de 14 años.
Informes de lo sucedido indican que luego de descender del automotor, las víctimas -que llevaban consigo $10 millones para comprar ganado- desaparecieron. Tiempo después fueron reportados como guerrilleros dados de baja, tras combates con tropas del frente 28 de las Farc.
“La madre de las víctimas habría denunciado en la Personería de Sácama malos tratos, torturas y amenazas contra sus hijos por parte de integrantes del Gaula”, señaló un informe de la Fiscalía sobre lo sucedido con estos hermanos.
Estos crímenes, de acuerdo con la JEP, hacen parte de los hechos ocurridos entre 2005 y 2008 en esta región del país, atribuibles a integrantes de la Brigada XVI del Ejército. Por estas conductas, el mayor Soto Bracamonte paga una condena de 32 años y seis meses de cárcel.
“Como resultado de la actuación del señor González Almario en los siete años en los que prestó sus servicios en el Gaula Casanare en la Brigada XVI, al menos 35 personas, de las cuales 20 fueron presentadas como no identificadas, fueron víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas en 25 eventos”, puntualizó la jurisdicción especial.
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